Apenas un día después de que entrara en vigor la Ley de Ciberseguridad del Estado de Puebla, el gobernador Alejandro Armenta Mier solicitó públicamente que se abra un proceso de revisión y análisis participativo sobre los alcances de esta nueva legislación, en particular en lo referente al delito de ciberasedio, tipificado con penas de hasta tres años de prisión.
La propuesta del Ejecutivo surge luego de que el decreto fuera publicado el viernes 13 de junio en la edición vespertina del Periódico Oficial del Estado, con lo cual la norma entró en vigor el sábado 14.
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Esta legislación fue aprobada por mayoría en el Congreso local con los votos de Morena y sus aliados del PT, PVEM, Fuerza por México y Nueva Alianza, y contempla reformas sustanciales al Código Penal para enfrentar delitos cometidos en entornos digitales, que incluyen el ciberasedio, que generó algunas críticas por su redacción.
Ley del Ciberasedio es como la ley Olimpia, buscan defender derechos: Armenta#diariocambio #puebla pic.twitter.com/EFyMLNIYOE
— Diario Cambio (@Diario_Cambio) June 14, 2025
En un mensaje difundido en sus redes sociales, Armenta solicitó a la diputada Laura Artemisa García Chávez, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO), organizar foros de análisis en conjunto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, periodistas, asociaciones civiles, colegios de abogados y padres de familia.
“Siempre con el propósito de proteger los derechos humanos universales con el mayor consenso posible”, enfatizó el mandatario, dejando claro que se busca construir un marco legal sólido y legítimo, sin afectar libertades fundamentales.
La Ley de Ciberseguridad contempla nuevos delitos como el ciberasedio, definido como el hostigamiento constante a través de medios digitales con la intención de dañar emocional o físicamente a una persona. Las sanciones van de 11 meses a 3 años de prisión, con agravantes si la víctima es menor de edad.
Entre las conductas incluidas en esta figura penal están insultos, amenazas, publicaciones humillantes y la difusión no autorizada de contenido íntimo, lo que representa un esfuerzo del Congreso por frenar la violencia digital, que afecta gravemente la salud mental de las víctimas.
El llamado del gobernador Armenta busca darle un cauce institucional al debate, sin desmontar la ley, pero sí abriendo el análisis técnico y social sobre sus implicaciones, en un intento de equilibrar la protección de derechos humanos con la libertad de expresión.
“Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, concluyó el gobernador, marcando el tono con el que se pretende encauzar la discusión sobre la legislación digital en Puebla.
