El gobernador Alejandro Armenta afirmó que, por el momento, es imposible cancelar la concesión de Agua de Puebla, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial actual es corrupto.
Lo anterior podría obligar al estado a pagar más de 20 mil millones de pesos si se inicia un proceso legal.
➡️ Únete a nuestro canal de WhatsApp para mantenerte informado al estilo de DIARIO CAMBIO
Por ello, hizo un llamado a la ciudadanía para que el próximo 1 de junio salgan a votar y elijan a nuevos integrantes del Poder Judicial.
De lograrse una renovación, entonces se podrá analizar la posibilidad de iniciar un proceso de revocación del contrato con la empresa concesionaria del servicio de agua.
“Lo que debemos hacer es elegir a los nuevos magistrados, a los nuevos ministros; y ya con nuevos magistrados y nuevos ministros, que no estén amparando y protegiendo a unos cuantos empresarios corruptos que se asociaron con políticos corruptos. Entonces si podremos cancelar concesiones; en este momento no lo podemos hacer, porque nos condenaría la Suprema Corte de Justicia”, dijo el mandatario.
Estas declaraciones las hizo durante la Faena Comunitaria en el parque Niños de Puebla, donde una vecina de la colonia Santa María le pidió atención especial para eliminar el servicio que ofrece Agua de Puebla, argumentando que los costos son excesivos.
“Tenemos toda la confianza en usted para que Agua de Puebla desaparezca, o por lo menos que tengamos un servicio digno, porque está carísima el agua”, expresó la ciudadana.
En este contexto, Armenta Mier adelantó que ya se trabaja en el nombramiento de un inspector ciudadano que dará seguimiento a las denuncias relacionadas con el servicio.
“Cancelar la concesión en los términos en los que hoy se encuentra la Suprema Corte de Justicia es un suicidio”, reiteró.
También destacó el caso de la empresa Melgarejo Construcciones, encargada de la obra del Periférico Norte, la cual asegura haber invertido 60 millones de pesos y ahora exige el pago de 2 millones, a pesar de que —según dijo— no construyó ni un solo metro cuadrado.
Finalmente, Armenta subrayó que el actual Poder Judicial es el que permite este tipo de actos maliciosos.
“No construyó un metro cuadrado y, con el amparo y la presunta corrupción y complicidad de autoridades del Poder Judicial Federal, hay un procedimiento que estamos defendiendo jurídicamente. Si no se atiende, podría representar un gasto de 2 mil millones de pesos para el estado”, advirtió.
“El Poder Judicial es tan corrupto actualmente, que puede aliarse con algunos empresarios —que no necesariamente son corruptos, pero sí oportunistas— y, aprovechando el desvío jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dañan el bien público y el patrimonio del estado”, concluyó.
