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Castro Corro ocultó riqueza inmobiliaria en su declaración patrimonial y en 2024 le brotaron propiedades

Las propiedades, adquiridas entre 1993 y 2015, no fueron reportadas hasta 2024, cuando regresó al gobierno federal, el valor total de los bienes omitidos asciende a 6.2 millones de pesos
Castro Corro ocultó riqueza inmobiliaria en su declaración patrimonial y en 2024 le brotaron propiedades
Castro Corro ocultó riqueza inmobiliaria en su declaración patrimonial y en 2024 le brotaron propiedades

María Teresa Castro Corro, secretaria de Finanzas y Administración con Luis Miguel Barbosa y Sergio Salomón Céspedes, ocultó de manera dolosa ocho propiedades inmobiliarias en su declaración patrimonial de 2019 y las subsecuentes hasta 2023, cuando abandonó el gobierno poblano, violando la Ley General de Responsabilidades Administrativas y cometiendo el delito de falsedad de declaraciones previsto en el artículo 254 del Código Penal.

Los ocho inmuebles adquiridos entre 1993 y 2015, previo a su ingreso a la Secretaría de Finanzas, no aparecen en su declaración patrimonial de 2019 pero sí en la de 2024, años en los que se reincorporó al gobierno federal como asesoramiento en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

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De acuerdo a una comparación hecha por DIARIO CAMBIO a sus declaraciones patrimoniales entre 2019 y 2024, se encontraron las discrepancias pues entre 2019 y 2023 como secretaria de Finanzas en los gobiernos de Miguel Barbosa y Sergio Salomón no declaró los ocho bienes por un valor de 6.2 millones, ya que en su declaración de 2024 si los reportó como funcionaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que los adquirió entre 1993 y 2015, es decir antes de llegar al gabinete poblano, lo que confirma que los ocultó dolosamente.

Así, la ex secretaria de Finanzas se encuentra en una nueva polémica generada en su paso de más de 3 años como integrante del gabinete, primero en el de Luis Miguel Barbosa y a su fallecimiento, del gobernador sustituto Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

CAMBIO informó la semana pasada que en medio de acusaciones en su contra como la principal responsable de la inversión fallida en 2021 por 604 millones de pesos en Banco Accendo, la ex secretaria de Finanzas adquirió dos bienes inmuebles por un total de 9.2 millones. El primero fue un departamento de 3 millones 250 mil pesos (enero de 2022) y posteriormente, en diciembre de 2023 y ya fuera del gobierno, una casa valuada en 5 millones 790 mil pesos, de acuerdo a su última declaración patrimonial en 2024.

Cuatro casas y cuatro terrenos que ocultó al gobierno de Puebla

Entre 1996 y 2015, María Teresa Castro Corro adquirió ocho propiedades —cuatro casas y cuatro terrenos— que deliberadamente omitió en sus declaraciones patrimoniales presentadas como secretaria de Finanzas de Puebla entre 2019 y 2023.

No reportó cuatro casas, la primera comprada de contado por 25 mil pesos en septiembre de 1996, luego para noviembre de 2004 compró la segunda con un crédito por 3 millones 766 mil. La tercera casa fue adquirida al contado en septiembre de 2007 en medio millón de pesos y la cuarta a través de un crédito por 1 millón 308 mil pesos en junio de 2012.

Los cuatro terrenos fueron adquiridos entre 1999 y 2015, tres de los cuales fueron obtenidos a través de créditos el primero en enero de 1999 por 76 mil pesos. El segundo, por 179 mil 200 pesos en septiembre de 2000 y el tercero por 89 mil pesos también en septiembre de 2000.

El cuarto terreno que adquirió de contado, por un monto de 300 mil pesos, fue comprado en febrero de 2015.

El valor total de las propiedades asciende a 6 millones 243 mil 200 pesos, mismas que permanecieron ocultas durante toda su gestión en el gobierno de Puebla.

Amonestación, inhabilitación y hasta prisión, las sanciones por falsedad de declaraciones 

De acuerdo con el artículo 254 del Código Penal del Estado de Puebla, establece que el delito de falsedad de declaraciones e informes dados a una autoridad amerita una sanción económica que va de cien a mil quinientas Unidades de Medida y Actualización (UMA’s), lo que equivale a 11 mil 314 pesos hasta 169 mil 710 pesos; además de una pena corporal de los seis meses hasta los cinco años.

Además, la Ley General de Responsabilidades Administrativas califica como una falta grave el ocultar información en la declaración patrimonial de los servidores públicos, estableciendo como sanciones la inhabilitación, las amonestaciones pública y económica, la suspensión e incluso la destitución del cargo.

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Hector Salazar

Héctor Hugo Cruz Salazar

Tiene más de 22 años de experiencia en el gremio periodístico; empezó en 2002 en la Revista Intolerancia, después ingresó como reportero de Deportes y Ayuntamiento en el Periódico Intolerancia....