La Comisión de Derechos Humanos (CDH) del estado de Puebla se sumará a las instituciones autónomas que pedirán un aumento presupuestal para el año 2026. El aumento sería para crear una oficina específicamente para atender a los pueblos originarios.
En entrevista desde San Andrés Cholula, Rosa Isela Sánchez Soya, titular del organismo, explicó que la solicitud se fundamenta en la necesidad de reforzar las acciones que realiza la comisión en todo el estado. Indicó que gran parte del presupuesto se destina a capacitaciones, visitas a Centros Penitenciarios estatales y atención directa a la ciudadanía, especialmente en regiones con alta concentración de pueblos originarios.
La ombudsperson señaló que, aunque aún no se define el monto o porcentaje exacto del incremento que solicitarán al gobierno del estado encabezado por Alejandro Armenta Mier, se espera que sea mayor al otorgado en 2025. Este año, la CDH Puebla operó con un presupuesto de 57 millones 16 mil 46 pesos, lo que representó un recorte de poco más de 3 millones respecto a los 60 millones asignados en 2024.
Sánchez Soya destacó que en lo que va del 2025, la comisión emitió 16 recomendaciones dirigidas a diversas dependencias, entre ellas la Fiscalía General del Estado (FGE), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP), algunas alcaldías y la Secretaría de Educación Pública (SEP) del estado. Estas acciones reflejan la labor constante de supervisión y acompañamiento que realiza la CDH en la defensa de los derechos humanos.
La titular también mencionó que la creación de una oficina para pueblos originarios permitirá ofrecer atención más especializada y cercana a estas comunidades, atendiendo problemáticas específicas y garantizando el derecho a la asesoría y acompañamiento legal. Este esfuerzo se suma a programas ya existentes de capacitación y visitas a instituciones penitenciarias, lo que demanda recursos adicionales para el personal y la infraestructura.
La CDH se convierte así en la segunda institución autónoma en solicitar un incremento presupuestal para 2026, después de la FGE, encabezada por Idamis Pastor Betancourt. La Fiscalía busca un aumento del 20 por ciento, equivalente a aproximadamente 300 millones de pesos, con el objetivo de contratar más personal y mejorar la infraestructura, ante las carencias operativas actuales.
Según los datos oficiales, el incremento solicitado para la Fiscalía sería de casi 310 millones de pesos, considerando que para 2025 se le asignaron mil 543 millones 951 mil 747 pesos. En comparación, en 2014 la FGE contó con 1 mil 521 millones 616 mil 252 pesos. La solicitud de ambas dependencias refleja la necesidad de reforzar el funcionamiento de los organismos autónomos ante los retos crecientes en materia de seguridad, justicia y derechos humanos en el estado.
Expertos en administración pública señalan que estos incrementos, de aprobarse, permitirían no solo fortalecer la capacidad operativa de ambas instituciones, sino también mejorar la cobertura de sus servicios hacia la población más vulnerable. En el caso de la CDH, la creación de una oficina específica para pueblos originarios podría servir como modelo para otras entidades, promoviendo la inclusión y el respeto a los derechos culturales y colectivos de estas comunidades.
Por su parte, autoridades estatales indicaron que el presupuesto para 2026 aún se encuentra en etapa de planeación y análisis, y que cada solicitud será evaluada considerando las prioridades del gobierno y la disponibilidad de recursos. Hasta el momento, no se ha definido un calendario oficial para la presentación de estas propuestas ante el Congreso del Estado de Puebla.
En conclusión, la CDH Puebla busca asegurar un incremento presupuestal que le permita ampliar sus funciones y garantizar una atención más especializada a los pueblos originarios, siguiendo la ruta de otras instituciones autónomas que también requieren recursos adicionales para cumplir con sus obligaciones y atender las demandas de la ciudadanía.
La discusión sobre el presupuesto de 2026 será un tema relevante en los próximos meses, con impacto directo en la operación de organismos clave para la protección de derechos humanos en el estado.
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