Con el objetivo de revisar y ajustar los términos de la Ley de Ciberseguridad, el titular del ejecutivo, Alejandro Armenta Mier, instruyó a la presidenta del Congreso local, Laura Artemisa Chávez y a los legisladores locales, a refrendar que la ley asegure el libre ejercicio periodístico con el objetivo de evitar que esta iniciativa se convierta en un instrumento de censura o criminalización a la libertad de expresión.
A través de sus redes sociales, Alejandro Armenta expresó su respaldo a la postura de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien insistió que dicha legislación debe enfocarse exclusivamente en combatir delitos digitales reales, como el robo de identidad, el acoso en línea y el hostigamiento cibernético sin afectar derechos fundamentales.
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“En el Gobierno de Puebla defendemos y garantizamos la libertad de expresión. Coincidimos que el criterio jurídico de la legislación establezca que criticar el desempeño de las y los funcionarios o debatir en lo público no es delito; respaldamos lo que nuestra presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum ha manifestado”, dijo
El gobernador Alejandro Armenta reiteró que su administración respetará y dará respaldo al trabajo de los medios de comunicación, así como la libre investigación, la protesta social y la creación artística, ejercicios que subrayó que están plenamente protegidos por la Constitución.
“La expresión artística, la investigación, el periodismo y la protesta social están salvaguardados. Esto representa un avance que combina el respeto a los derechos humanos con la necesidad urgente de justicia y protección digital”, agregó
Con este posicionamiento, el gobernador del Estado Armenta Mier busca evitar que la propuesta de ley, actualmente en análisis legislativo, sea interpretada como una medida para blindar a funcionarios públicos de la crítica legítima o limitar el debate social en plataformas digitales.
El llamado también refleja una línea de diálogo con la nueva administración federal, en la que la presidenta Sheinbaum ha dejado en claro que la política digital debe priorizar la protección de víctimas reales y garantizar el respeto a las libertades fundamentales.
Armenta cerró su pronunciamiento subrayando que su gobierno respalda el trabajo libre y crítico de los medios de comunicación, y que toda legislación en materia digital debe garantizar justicia, protección y respeto a los derechos humanos.
