El gobernador Alejandro Armenta instruyó a la Consejería Jurídica del Estado, así como a la Secretaría de Gobernación y solicitó a la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH Puebla) involucrarse en la revisión de las denuncias presentadas por habitantes de Santa María Malacatepec.
Ellos acusan a la inmobiliaria Grupo Proyecta de realizar un desalojo ilegal sin orden judicial.
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En entrevista con medios de comunicación, posterior a la presentación del programa “Sí al desarme, sí a la Paz”, el mandatario subrayó que el tema debe ser abordado con responsabilidad.
“Le vamos a pedir a la consejería que atienda el tema (…) al secretario de Gobernación; le vamos a pedir respetuosamente a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos que se atienda el tema”, expresó el mandatario.
Las denuncias señalan que el pasado lunes, personal de Grupo Proyecta ingresó con maquinaria pesada al área de los cerros Tepetomapla y La Sombra —donde se localiza el Campamento en Defensa de la Tierra y el Agua— para derribar viviendas construidas por los pobladores que se oponen a la construcción del complejo inmobiliario City Lomas Ocoyucan.
Los defensores del territorio afirmaron que no se presentó ninguna orden judicial para proceder con el desalojo.
El conflicto se ha agravado debido a que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no ha autorizado el cambio de uso de suelo para dicho proyecto, mientras que los defensores sostienen que parte de las tierras fue vendida irregularmente por el comisariado ejidal.
Asimismo, el activista Emiliano Zambrano, uno de los principales opositores al proyecto, permanece preso tras una denuncia por abuso sexual interpuesta por la empresa, hecho que el campamento considera un acto de represión.
