Zdenko S.A. de C.V., empresa señalada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como parte de una red de 45 compañías vinculadas al denominado ‘Cártel de las Medicinas’, fue la responsable de suspender durante casi 48 horas el servicio de hemodiálisis en hospitales públicos de Puebla, tras la finalización del contrato que mantenía con la federación.
Zdenko es uno de los proveedores subrogados que desde 2021 ha firmado contratos con el IMSS y con los gobiernos de Estado de México y Oaxaca, para prestar servicios de hemodiálisis, anestesia y diagnóstico por imagen. Según registros de la UIF, la empresa aparece en una red de compañías que operan bajo un mismo esquema: adquirir empresas de bajo perfil, cambiar su razón social y redirigir su objeto hacia el sector salud para participar en licitaciones y adjudicaciones directas.
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Zdenko fue constituida en 2017 en Nezahualcóyotl, Estado de México, con un objeto social enfocado en servicios administrativos y publicidad. En 2020 modificó su actividad para ingresar al sector salud. La empresa cambió varias veces su estructura societaria y domicilio fiscal; actualmente su sede está en la alcaldía Magdalena Contreras, Ciudad de México. Según documentos notariales, su accionariado y representación legal han pasado por al menos cinco personas físicas distintas en los últimos cinco años.
En marzo de 2024, la UIF identificó a Zdenko dentro de una estructura empresarial que acumuló más de 300 mil millones de pesos en contratos públicos entre 2012 y 2023. En ese expediente, se indica que varias de estas empresas, incluida Zdenko, mantienen vínculos con personas allegadas a la familia del político priista Roberto Madrazo Pintado.
En los diagramas de flujo financiero elaborados por la UIF, los apoderados y socios de Zdenko están relacionados con otros proveedores que operan con razón social distinta, pero con el mismo patrón de contratación.
En otras entidades del país, como Oaxaca y Estado de México, la empresa obtuvo contratos por servicios relacionados con la salud. En Oaxaca, recibió una adjudicación directa por 35 millones de pesos en 2024, firmada por Hugo Alberto Espinoza Morales, ex funcionario del Estado de México. Y en territorio mexiquense, Zdenko también obtuvo convenios por más de 100 millones de pesos entre 2021 y 2023, entre ellos un contrato multianual para servicios de anestesia en el instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym).
Zdenko suspende tratamiento de hemodiálisis en Puebla
La interrupción del servicio que brinda Zdenko en Puebla afectó al menos a cuatro unidades del sistema IMSS-Bienestar en el estado, donde se atiende a pacientes con insuficiencia renal crónica.
El corte del servicio inició la mañana del lunes 1 de julio y se mantuvo hasta el miércoles 3, cuando fue reactivado tras una negociación directa encabezada por el gobernador Alejandro Armenta Mier. El mandatario estatal intervino ante la falta de una solución federal inmediata, luego de que Zdenko retirara su equipo y personal al concluir su contrato nacional.
Durante ese lapso, se suspendieron tratamientos en los hospitales generales de Tehuacán, Huauchinango, del Sur y del Norte. El delegado del IMSS-Bienestar en Puebla, Jerónimo Lara Gálvez, confirmó que al menos 20 personas con enfermedad renal avanzada tuvieron que ser hospitalizadas por la falta de sesiones. También se reportaron protestas y bloqueos en vías principales por parte de familiares, incluyendo el Periférico Ecológico y la autopista México–Puebla, frente a dos de los hospitales afectados.
En Puebla, la reanudación del servicio ocurrió antes del fallo de la licitación pública nacional del IMSS-Bienestar para el nuevo contrato de hemodiálisis interna, previsto para el 3 de julio. Mientras tanto, Zdenko continuará operando bajo una extensión temporal del contrato anterior, autorizada con base en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, hasta que entre en vigor la resolución definitiva.
Aunque la suspensión del servicio en Puebla fue resuelta mediante una gestión estatal, la continuidad del tratamiento en otras regiones permanece en incertidumbre. Organizaciones de pacientes con enfermedad renal crónica han advertido que un desfase de hasta 45 días entre la conclusión de un contrato y la entrada en vigor del nuevo proveedor podría generar nuevas interrupciones si no se toman medidas preventivas.
