Después de que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (TJAEP) impuso una sanción histórica de 20 años de inhabilitación y una multa superior a 362 millones de pesos a la exsecretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, por su responsabilidad en el fraude del Banco Accendo, el gobierno estatal fijó postura a través de un boletín y reiteró que en Puebla nadie está por encima de la ley.
De acuerdo con el comunicado, el secretario Anticorrupción y de Buen Gobierno, Alejandro Espidio Reyes, afirmó que la administración del gobernador Alejandro Armenta Mier mantiene un compromiso inquebrantable con la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, por lo que las sanciones contra exfuncionarios barbosistas son resultado del cumplimiento del Estado de Derecho y no de una persecución política.
“En Puebla no hay persecución, pero tampoco se incurre en omisiones. La justicia y la integridad pública no tienen colores ni excepciones”, sentenció Espidio Reyes.
El funcionario subrayó que ningún servidor público, sin importar su cargo o militancia, puede sustraerse de la responsabilidad de actuar conforme a derecho. Recordó que el gobierno estatal seguirá actuando con determinación ante cualquier comportamiento ilícito o acción indebida.
La declaración se da luego de que el Tribunal determinó que Castro Corro, excolaboradora del fallecido exgobernador Miguel Barbosa Huerta, incurrió en abuso de funciones y desvío de recursos públicos al autorizar la inversión de más de 600 millones de pesos del erario poblano en Banco Accendo, institución que quebró pocos meses después de recibir los fondos.
Con esta resolución, el caso Accendo se convierte en uno de los mayores escándalos financieros del sexenio barbosista, y la sanción contra Castro Corro marca un precedente en la lucha anticorrupción dentro de la administración pública poblana.
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