El gobernador Alejandro Armenta Mier confirmó que la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Fiscalía General del Estado (FGE) ya investigan las asignaciones irregulares de plazas magisteriales realizadas durante la gestión de Jorge Estefan Chidiac en la Secretaría de Educación Pública (SEP), entre ellas la que le entregó a su entonces director Jurídico y de Transparencia, Gabriel Guerrero Monter, con un salario cercano a los 50 mil pesos mensuales.
En entrevista, el mandatario reveló que instruyó la apertura de una indagatoria formal para esclarecer el destino y la legalidad de estas plazas, pues varias habrían sido entregadas “de manera discrecional” días antes de que concluyera la administración pasada.
“Ya está la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía en proceso de auditoría. Solicitamos una revisión porque es importante… En ocasiones no sabemos a dónde quedaron esas plazas”, expresó Armenta.
El gobernador añadió que, en sus giras por el interior del estado, docentes le han reiterado la falta de recursos básicos para escuelas y para cubrir funciones de intendencia, situación que contrasta con la entrega de plazas de alto sueldo y sin perfil académico comprobado.
La plazota de 50 mil pesos para el exdirector jurídico
Las investigaciones retoman fuerza luego de que el actual titular de la SEP, Manuel Viveros Narciso, confirmara la existencia de plazas asignadas de forma irregular durante el periodo de Estefan Chidiac, lo que incluso detonó protestas recientes de la Sección 51 del SNTE.
Documentos obtenidos por Diario CAMBIO muestran que Gabriel Guerrero Monter, quien fungió como director general Jurídico y de Transparencia, recibió una plaza como Profesor Titular Tipo B de Tiempo Completo, con un ingreso mensual cercano a los 50 mil pesos, pese a no contar con trayectoria docente.
Su experiencia profesional está centrada en áreas jurídicas y de gestión pública: fue director jurídico en la Secretaría de Turismo y en 2021 buscó ser comisionado del Itaipue, pero no registra actividad frente a grupo que justifique su nombramiento académico.
Con las investigaciones de la ASE y la Fiscalía en marcha, el gobierno estatal busca determinar responsabilidades y el destino final de las llamadas plazotas entregadas en los últimos días de la gestión de Estefan Chidiac.
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