El programa de fotomultas, conocido como “Monitor Vial”, se consolidará como una prioridad financiera de la Secretaría de Movilidad y Transporte para el año 2026. El Paquete Económico presentado por el gobernador Alejandro Armenta destina una bolsa de 232 millones 78 mil 209 pesos para la operación de este sistema, lo que confirma la apuesta del gobierno por la recaudación a través de infracciones viales.
En un análisis a la Iniciativa de Ley de Egresos 2026, se confirma la partida presupuestal dentro de los compromisos de la SMT. El recurso está etiquetado como “Servicio integral para la operación, procesamiento, impresión y envío de infracciones, así como la instalación y mantenimiento de nueva infraestructura tecnológica para el programa Monitor Vial”.
Es revelador la proporción que este programa representa para la dependencia. El presupuesto total asignado a la Secretaría de Movilidad y Transporte, que encabeza Silvia Tanús, asciende a 718 millones 164 mil 47 pesos. Esto significa que el contrato de las fotomultas consumirá por sí solo el 32.3 por ciento de todos los recursos de la Secretaría en 2026; es decir, uno de cada tres pesos que gaste la SMT será para pagar infracciones.
Este millonario presupuesto se alinea con la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial, que transfiere la gestión del programa a la SMT. Anteriormente, los cobros eran administrados por Finanzas, como lo confirmó la titular de la Secretaria de Planeación y Finanzas, Josefina Morales Guerrero.
“Algunas funciones que realizábamos como Secretaría de Finanzas, las tomó Movilidad y Transporte. Lo mismo con las fotos infracciones, ya también las tomó la SMT”.
Dicho presupuesto servirá para cubrir el contrato multianual adjudicado a la empresa Autotraffic, la cual, como se ha reportado, fue la ganadora de la licitación para instalar y operar 80 nuevas cámaras de fotomultas en las principales vialidades de la zona metropolitana.
De estos dispositivos, 70 están destinados a multar a quienes rebasen los límites de velocidad en puntos clave como la Vía Atlixcáyotl, Calzada Zabaleta, Bulevar del Niño Poblano, Bulevar Atlixco, Bulevar Norte y la autopista México-Puebla. Las 10 cámaras restantes se utilizarán para monitorear otras actividades, como el uso del celular al conducir o la falta de cinturón de seguridad.
El esquema de negocio, según se estipula en el contrato, dicta que el Gobierno de Puebla no paga por la instalación, sino que paga a Autotraffic una contraprestación de 336.21 pesos por cada infracción que sea efectivamente pagada por los automovilistas. Por lo tanto, el presupuesto de 232 millones de pesos funge como la provisión de fondos que el Estado estima pagar a la empresa por un año de multas cobradas.
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