El aparato de procuración de justicia en Puebla a cargo de Gilberto Higuera Bernal en la Fiscalía General de Justicia fue incapaz de acreditar la responsabilidad penal en el 99.9 por ciento de los 84 mil delitos que se cometieron en el estado durante 2024. Y no solo eso, menos del 3 por ciento de los delincuentes fueron vinculados a proceso y apenas el 0.07 por ciento concluyó con una sentencia condenatoria.
El Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Estatal (CNIJF-E) destapó el colapso de la justicia en Puebla bajo la gestión de Gilberto Higuera Bernal: de más de 84 mil delitos cometidos durante 2024, apenas 2 mil 143 personas fueron vinculadas a proceso, y solo 63 recibieron una sentencia condenatoria o sancionatoria.
Una cifra que desnuda la ineficiencia estructural de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la impunidad que domina el sistema judicial poblano durante la gestión del exfiscal general de Puebla y hoy alto funcionario del Instituto Nacional de Migración con su protector, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
Más de 80 mil delitos sin castigo
El informe del INEGI reveló que el aparato de procuración de justicia en Puebla fue incapaz de acreditar la responsabilidad penal en la gran mayoría de los casos denunciados.
De los 84 mil delitos registrados en 2024, menos del 3 por ciento llegó a una vinculación formal, y apenas el 0.07 por ciento terminó en condena. En otras palabras, 99.9 por ciento de los delitos quedaron sin sentencia.
El propio documento federal evidencia que los Ministerios Públicos poblanos no lograron acreditar los delitos cometidos por particulares, exhibiendo una cadena de deficiencias en investigación, integración de carpetas y argumentación ante jueces.
De 5 mil 361 causas penales ingresadas al Poder Judicial del Estado, solo 2 mil 143 personas fueron vinculadas, mientras que 96 quedaron libres por falta de pruebas o errores en las carpetas de investigación.
A pesar de los discursos oficiales sobre “eficiencia” y “cero impunidad”, las cifras del Censo Nacional colocan a Puebla entre las entidades con mayor rezago en procuración y sanción de delitos.
El bajo número de condenas demuestra que la FGE no solo falla en investigar, sino también en sostener acusaciones sólidas ante los jueces.
El legado de Higuera Bernal: impunidad
Gilberto Higuera Bernal, al frente de la Fiscalía desde 2019 hasta diciembre de 2024, dejó un legado de corrupción e ineficiencia para lograr castigo contra los delincuentes. Por ello la actual fiscal Idamis Pastor inició una limpia en la dependencia para deshacerse del personal heredado con vínculos con la corrupción y el crimen organizado en todos los niveles.
Desde la llegada de Pastor Betancourt se iniciaron una serie de investigaciones que han concluido con la detención de al menos seis funcionarios públicos, entre agentes del MP como policías, lo que ha llevado a otros servidores a presentar su baja ante el temor de que la FGE iniciara investigaciones en su contra.
Más de 200 trabajadores de la institución quienes han sido separados de su cargo por diferentes motivos, incluso algunos por voluntad propia al iniciar con el proceso de limpia interna, de ministeriales y/o policías vinculados a la comisión de algún delito, entre ellos, corrupción y nexos con grupos delincuenciales, tal es el caso de Alejandro Macuil Tlahuetl, ex comandante de la Unidad de Investigación de Desaparición Forzada de Personas, relacionado con el líder criminal Federico N ‘el Patuleco’.
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