El aumento del 7 por ciento en las tarifas de cobro por servicio de Uber impactará directamente en los casi 8 mil conductores de la plataforma en Puebla y otros miles en el país, por lo que desató críticas del gobierno federal. A través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la administración rechazó tajantemente esta decisión, al señalar que fue tomada de manera unilateral, sin justificación ni previo aviso a las autoridades, lo cual viola los compromisos asumidos por la plataforma.
Y es que Uber decidió aumentar sus tarifas en 7 por ciento a los servicios de viajes ejecutivos que realiza argumentando que el incremento era derivado de la reforma laboral para choferes y repartidores de aplicaciones promovida por el Gobierno para pagar sus prestaciones.
➡️ Únete a nuestro canal de WhatsApp para mantenerte informado al estilo de DIARIO CAMBIO
La STPS emitió un comunicado en el que acusó a la empresa de actuar con opacidad al aplicar esta modificación sin consultar ni informar a instancias gubernamentales.
“La medida contradice el espíritu de la reforma laboral en plataformas digitales, cuyo objetivo es garantizar condiciones laborales dignas, protección social y respeto a los derechos de quienes trabajan en este sector”, señaló la dependencia.
Lo que más preocupa, advirtió la Secretaría, es que el ajuste se aplicó apenas dos semanas después del arranque de una prueba piloto en la que Uber se comprometió a respetar lineamientos acordados con el gobierno.
Para la STPS, esta acción demuestra una ruptura con los acuerdos y un impacto negativo tanto para trabajadores como para usuarios del servicio.
En respuesta, la Secretaría del Trabajo informó que se coordinará con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para desplegar operativos a nivel nacional y revisar si esta modificación tarifaria incurre en violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor.
En caso de detectar irregularidades, se impondrán las sanciones correspondientes.
La dependencia federal cerró su posicionamiento con un llamado firme a las empresas de plataformas digitales: actuar con responsabilidad social y legal, cumpliendo sus compromisos y evitando prácticas que perjudiquen la economía de las familias mexicanas y vulneren los derechos laborales de los repartidores y conductores.
