La deuda del Centro Integral de Servicios (CIS) ubicado en Angelópolis podría liquidarse de manera anticipada, luego de que la familia Abed presentó un planteamiento para la terminación anticipada del contrato al gobernador Alejandro Armenta Mier; dicha propuesta ya está siendo revisada por parte del Gobierno del Estado, informó el coordinador de Gabinete Estatal, José Luis García Parra.
🙋♂️#Importante | El coordinador del Gabinete Estatal, José Luis García Parra informó que ya se realizan mesas de revisión y conciliación con quienes tienen la concesión del Centro Integral de Servicios (CIS), quienes ya hicieron un planteamiento que está siendo analizado por el… pic.twitter.com/sqIUP0lx5j
— Diario Cambio (@Diario_Cambio) December 17, 2025
El funcionario explicó que los empresarios ya entablaron negociaciones con la administración del gobernador Armenta para revisar la deuda pendiente, luego de que el mandatario advirtiera la posibilidad de acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o decretar una moratoria de pago ante la falta de acuerdos sobre un contrato por el que el estado ya pagó 2 mil 617 millones de pesos y por el que aún le restan 12 años de compromisos financieros.
“Estamos revisando los números; según la proyección que se tiene, serían alrededor de 4 mil 350 millones de pesos al 2037, y estamos haciendo una revisión con ellos para conciliar y ver qué podemos hacer para que los recursos públicos se inviertan mejor en Puebla y esta obra pudiera darse por terminada”, señaló.
José Luis García Parra agregó que la liquidación anticipada implicaría un gasto fuerte para el estado, estimando que podría implicar un pago de entre 2 mil 500 y 3 mil millones de pesos, cifra que aún se encuentra en revisión para lograr un acuerdo beneficioso para ambas partes.
El coordinador de gabinete, en conferencia con medios de comunicación explicó que se están realizando mesas de revisión entre las partes para analizar las condiciones financieras y contractuales del esquema de Proyecto para la Prestación de Servicios (PPS), bajo el cual opera el CIS, con el fin de evaluar alternativas que permitan concluir el compromiso antes de su vencimiento y optimizar el uso de los recursos públicos.
Ante este escenario, García Parra afirmó que la familia Abed ya presentó una propuesta para cubrir de manera anticipada el adeudo, sin precisar el monto planteado.
“Esta obra la pudiéramos dar por terminada con mayor anticipación. Ya hicieron un planteamiento, nosotros la estamos revisando (…) repito, lo importante será la adecuada inversión de los recursos públicos”, apuntó.
El funcionario estatal señaló que la finalidad de este proceso es optimizar el uso de los recursos públicos y destinarlos a áreas prioritarias para el estado, como infraestructura, seguridad, salud y servicios, evitando compromisos financieros desproporcionados heredados de administraciones pasadas.
Agregó que la revisión del Centro Integral de Servicios se inscribe dentro de una estrategia integral de análisis de concesiones y contratos vigentes, orientada a detectar aquellos esquemas que puedan renegociarse o concluirse de manera anticipada cuando resulten perjudiciales para las finanzas estatales.
Finalmente, José Luis García Parra destacó que el diálogo con los representantes de la familia Abed continúa, y que cualquier determinación se adoptará con base en criterios técnicos, financieros y de impacto social, privilegiando el interés público y la estabilidad financiera de Puebla.
En contexto, fue desde el 2012 cuando el gobierno ha derogado 2 mil 617 millones de pesos a Grupo Técnico Constructor S.A. de C.V. y Alfa Constructores, de los hermanos Julián y José Abed Rouanett, mientras que la deuda total, correspondiente a un contrato de 25 años, asciende a 4 mil 300 millones de pesos hasta 2037.
En conferencia anterior el titular del ejecutivo Alejandro Armenta Mier sostuvo que su gobierno ya revisó, renegoció y corrigió contratos heredados de administraciones anteriores, entre ellos el del Museo Internacional del Barroco, donde aseguró se logró un ahorro cercano a los 8 mil millones de pesos, y advirtió que el CIS seguirá el mismo camino.
El mandatario incluso ironizó sobre la posibilidad de hacer pública la falta de acuerdos, al señalar que, si se mantiene la exigencia de cobrar los más de 3 mil 200 millones de pesos pendientes, se podría exhibir a los responsables mediante un mensaje visible en el exterior del inmueble, en alusión a los avisos escolares para deudores.
Finalmente, Alejandro Armenta reiteró que el contrato PPS del CIS forma parte de los excesos financieros del morenovallismo, comparándolo con otros proyectos como las plataformas de Audi, el Museo Barroco, la Estrella de Puebla y el tren turístico, los cuales afirmó fueron estructurados bajo esquemas de endeudamiento que terminaron afectando gravemente al erario estatal.
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