A partir de la validación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la reforma de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, los automovilistas poblanos que circulen sin un seguro de auto vigente de responsabilidad civil por daños a terceros se harán acreedores a multas que van de los 2 mil 262.8 a los 4 mil 525.6 pesos, según lo establece el artículo 164 de dicha ley.
El monto se calcula con base en el valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), el cual está fijado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 113.14 pesos diarios para 2025. La sanción equivale a entre 20 y 40 UMA, dependiendo de la gravedad o reincidencia del caso. La póliza obligatoria debe cubrir los daños materiales, personales o fatales que puedan provocarse a terceros durante un accidente.
Aunque la versión original de la reforma incluía la posibilidad de cancelar la licencia de conducir hasta por 10 años, la Suprema Corte consideró que dicha sanción era excesiva y desproporcionada, por lo que únicamente se mantuvo la multa como medida válida.
La resolución de la SCJN, aprobada con seis votos a favor y tres en contra, determinó que exigir el seguro de autos vigente de responsabilidad civil no vulnera el derecho al libre tránsito, ya que se trata de una medida que fortalece la seguridad vial y busca garantizar que los daños ocasionados en un accidente puedan ser cubiertos sin afectar a las víctimas.
La SCJN defiende el seguro como medida de seguridad vial
Durante la discusión, la ministra Lenia Batres Guadarrama destacó que en 2024 se registraron 12 mil 920 accidentes viales en Puebla, con 264 personas fallecidas. Mientras que sólo el 51 por ciento del millón 269 mil vehículos registrados contaban con seguro vigente, de acuerdo con datos del Inegi.
El seguro de responsabilidad civil, también conocido como seguro de daños a terceros, cubre los gastos derivados de lesiones, fallecimientos o daños materiales provocados a otras personas en un accidente de tránsito.
De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), esta cobertura básica no protege el vehículo del asegurado, pero sí ampara los perjuicios ocasionados a terceros, evitando que el responsable enfrente deudas o procesos judiciales.
Los conductores deberán portar su póliza vigente impresa o digital, expedida por una aseguradora autorizada. En caso de revisión o accidente, las autoridades podrán requerir su presentación, y si no se acredita la cobertura, se aplicará la sanción correspondiente.
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