Cancelar la concesión de las cuatro líneas del sistema RUTA le costaría a Puebla más de 22 mil millones de pesos, reveló el coordinador del Gabinete Estatal, José Luis García Parra, quien calificó este esquema como parte de la “mafia” o “cártel de las concesiones” heredado de gobiernos de derecha que, desde 2013, “legalizaron el saqueo” mediante reformas aprobadas en el Congreso local.
Durante la conferencia de prensa del Gobierno estatal, García Parra expuso que el actual gobierno enfrenta un entramado de contratos y obligaciones financieras diseñadas en administraciones pasadas para beneficiar a particulares y comprometer recursos públicos por décadas. Señaló que el modelo bajo el cual opera RUTA forma parte de una estructura mucho más grande de concesiones que impacta directamente las finanzas estatales.
“En Puebla nos estamos enfrentando con el cártel de las concesiones, el cártel de las concesiones que nos dejaron, que nos heredaron los gobiernos de la derecha”, afirmó.
El coordinador del Gabinete explicó que estos esquemas no sólo fueron creados desde el poder, sino que se volvieron legales mediante ajustes legislativos hechos a modo. Reiteró que las decisiones tomadas en 2013 marcaron a Puebla con cargas financieras todavía vigentes.
“Nos dejaron deuda disfrazada de obligaciones financieras; desarrollaron todo un sistema corrupto de saqueo, torcieron la ley, la modificaron con la mayoría en el Congreso para legalizar el saqueo”, señaló.
Recordó que distintas obras se formalizaron mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS), los cuales comprometieron recursos estatales durante décadas y continúan vigentes en parte hasta la actualidad.
“Todavía tenemos PPS pendientes por 10 años más”, sostuvo.
García Parra también se refirió a la crítica de actores políticos que hoy señalan al gobierno estatal, señalando que fueron ellos quienes impulsaron y aprobaron las decisiones que derivaron en estas cargas multimillonarias. Afirmó que la oposición busca ocultar su responsabilidad histórica.
“Son voces que se indignan ahora, pero guardaron silencio cuando desde el Congreso se aprobó este modelo que comprometió los recursos de los poblanos”, dijo.
El funcionario concluyó que el gobierno estatal continúa revisando y enfrentando estos compromisos heredados y que, aunque cancelar la concesión de RUTA representaría un golpe financiero superior a los 22 mil millones de pesos, la administración actual no dejará de exponer los abusos del pasado ni de buscar alternativas que favorezcan a la ciudadanía.
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