Ni con la venta de todas sus propiedades podría pagar la multa de 362 millones 997 mil 678 pesos que le impuso el Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado a María Teresa Castro Corro, ex secretaria de Planeación y Finanzas en el gobierno de Miguel Barbosa Huerta, por su responsabilidad directa en el desvío de recursos públicos y abuso de funciones en el caso del Banco Accendo por un monto de 604 millones de pesos.
De acuerdo con una revisión de sus declaraciones patrimoniales realizada por Diario CAMBIO, la ex funcionaria barbosista posee once inmuebles con un valor total aproximado de 15 millones 234 mil pesos, entre casas, terrenos y departamentos.
Además de acuerdo a su declaración patrimonial de 2024 tiene cuentas de cheques, fondos de inversión y cuentas bancarias en FONDIKA, con dos instrumentos diferentes, HSBC y MetLife, aunque no se señalan montos, además de inversiones en Afores en Pensionissste.
Ni siquiera sumando ese patrimonio declarado —y los que ocultó dolosamente durante su gestión— alcanzaría a cubrir el 5% del monto de la sanción económica que enfrenta.
Castro Corro fue el rostro más visible del manejo financiero durante el sexenio de Miguel Barbosa. Tras la caída del Banco Accendo, donde se perdieron más de 604 millones de pesos del erario, la ex funcionaria intentó mantenerse en el servicio público federal: primero como funcionaria en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y posteriormente como asesora por honorarios en la Secretaría de Finanzas y Administración de la Ciudad de México.
Sin embargo, la sanción emitida por la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas la alcanzó: fue inhabilitada 20 años para ocupar cargos públicos y multada con una cifra imposible de cubrir con su patrimonio visible.
Propiedades ocultas y compras millonarias en plena crisis por Accendo
En la revisión hecha por CAMBIO se encontró que entre 1996 y 2015, Castro Corro adquirió ocho propiedades —cuatro casas y cuatro terrenos— que ocultó deliberadamente en sus declaraciones patrimoniales de 2019 a 2023 cuando fue secretaria de Administración y Finanzas en el gobierno de Barbosa, violando la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el artículo 254 del Código Penal de Puebla, que sanciona la falsedad de declaraciones ante la autoridad.
Además, mientras se encontraba bajo investigación por el caso Accendo compró dos nuevos inmuebles: Un departamento de 3.2 millones de pesos en enero de 2022, aún como secretaria de Finanzas y una casa de 5.7 millones de pesos en diciembre de 2023, ya fuera del gobierno estatal.
El valor combinado de sus bienes —ocultos y declarados— asciende a poco más de 15 millones de pesos, monto irrisorio frente a los 362 millones que le exige el Estado como reparación del daño.
Ocultamiento doloso y posibles sanciones penales
De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, omitir información en la declaración patrimonial constituye una falta grave, sancionable con inhabilitación, suspensión, destitución e incluso pena de prisión.
El artículo 254 del Código Penal de Puebla establece que quien incurra en falsedad de declaraciones puede enfrentar de seis meses a cinco años de cárcel, además de una multa que va de 11 mil a 169 mil pesos, según el nivel de daño causado.
El quebranto que nunca se recuperó
En septiembre de 2021, María Teresa Castro Corro y su entonces subsecretario de Egresos, José Enrique Girón Zenil, autorizaron depósitos por 600 millones quedaron atrapados cuando la institución fue intervenida por la CNBV tras declararse en quiebra.
El resultado fue un quebranto total de 604 millones 996 mil 131 pesos y 65 centavos con los intereses, una pérdida que nunca fue informada oportunamente al Congreso y que el propio Miguel Barbosa decidió mantener oculto. El caso, revelado hasta abril de 2023, derivó en la macro multa histórica impuesta por el Tribunal de Justicia Administrativa a María Teresa Castro Corro.
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