Pavel Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Puebla, dijo que las sanciones impuestas a la ex secretaria de Finanzas, María Teresa Castro Corro, deben cumplirse “hasta sus últimas consecuencias” y celebró la sanción dictada ante las irregularidades detectadas, por el desfalco de más de 600 millones de pesos en Accendo Banco durante el gobierno de Miguel Barbosa Huerta.
En entrevista, el diputado de Morena afirmó que la inhabilitación por 20 años y la multa por 362.9 millones de pesos en contra de la ex funcionaria no es un tema de colores partidistas sino de incumplimiento de la ley. “No es tema de colores sino que la persona que no cumpla con la ley deberá ser sancionada“.
De esta manera, el legislador respaldó la postura de sus compañeros diputados, quienes pidieron que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias, para que no solo se cumpla con la inhabilitación de los funcionarios y el pago de las multas millonarias, sino que también se aplique prisión si así lo determina la ley.
En este contexto, Pavel Gaspar Ramírez reafirmó que el Poder Legislativo estará atento a que la sanción no quede únicamente en el papel, y que se dé seguimiento efectivo tanto administrativo como, de ser procedente, penal.
La sanción histórica
La sanción en cuestión fue dictada por la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial del Estado de Puebla. Castro Corro fue declarada responsable de desvío de recursos públicos y abuso de funciones por la inversión irregular de más de 600 millones de pesos, derivada del fallo del caso Banco Accendo. Como resultado, se le impuso una multa de 362 millones 997 mil 678 pesos y una inhabilitación por 20 años para ocupar cargos públicos.
Además, también se impuso otra multa al ex subsecretario de Egresos, José Enrique Girón Zenil, la cual es de 241 millones 998 mil 452 pesos, junto con una inhabilitación de 15 años para ocupar cargos públicos.
Adicionalmente, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) mantiene abierta una carpeta de investigación por el mismo caso, y no descarta procedencias penales en contra de Castro Corro y otros involucrados.
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