El estado de Puebla se encuentra entre las nueve entidades de la República Mexicana donde el delito de abuso sexual ya está tipificado en el marco legal, aunque todavía con un número limitado de agravantes y diferencias en su aplicación respecto a otras regiones. Frente a esta situación, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, anunció que el gobierno estatal impulsará un proceso de homologación del tipo penal de abuso sexual a nivel nacional, con el objetivo de fortalecer la justicia y ofrecer una respuesta más contundente ante esta forma de violencia.
Durante la presentación del Plan Integral contra el Abuso Sexual, Citlalli Hernández destacó que el propósito central es unificar criterios legales en todas las entidades federativas para que las víctimas reciban un trato justo y las sanciones sean proporcionales al daño causado, sin importar el lugar del país donde ocurra el delito.
“El objetivo es que las mujeres sepan que pueden denunciar si viven esta situación, sin importar en qué estado se encuentren. Lo que nos ha instruido la presidenta es que el delito de abuso sexual sea similar en todas las entidades de la República” afirmó la funcionaria.
Actualmente, el artículo 260 del Código Penal General establece que el abuso sexual se castiga con penas de seis a diez años de prisión y hasta 200 días de multa. Este delito abarca una amplia gama de conductas que atentan contra la libertad y la dignidad sexual de las personas, entre ellas los manoseos, tocamientos indebidos, obligar a presenciar o participar en actos sexuales, o exhibir el cuerpo de la víctima con fines lascivos.
Entre las agravantes más relevantes se consideran los casos en los que se utiliza violencia física o psicológica, cuando la víctima es menor de edad, o cuando por alguna discapacidad o condición no puede resistir la agresión.
Sin embargo, los criterios para determinar las sanciones y los procedimientos judiciales varían considerablemente entre los estados, lo que ha generado desigualdad en la impartición de justicia y altos niveles de impunidad.
Con la iniciativa de homologación, el gobierno federal, en coordinación con los gobiernos estatales, busca fortalecer la respuesta institucional frente a los delitos sexuales y garantizar una protección más efectiva a las mujeres, niñas, niños y adolescentes.
El Plan Integral contra el Abuso Sexual no solo plantea la unificación del tipo penal, sino también la mejora en los procesos de denuncia, que suelen ser lentos y revictimizantes.
Se busca implementar protocolos más ágiles, capacitar a servidores públicos en perspectiva de género y derechos humanos, y establecer mecanismos de acompañamiento psicológico y legal para las víctimas desde el primer momento de la denuncia.
Hernández enfatizó que esta estrategia forma parte de un esfuerzo más amplio por construir un marco legal nacional más sólido, sensible y libre de impunidad, en el que las mujeres tengan la confianza de acudir a las autoridades y obtener justicia sin enfrentar barreras institucionales.
Además, la secretaria subrayó la importancia de fortalecer la educación y la prevención como ejes fundamentales para erradicar la violencia sexual. Según datos de organismos nacionales, el abuso sexual es uno de los delitos más frecuentes y menos denunciados, debido al miedo, la desconfianza en las autoridades y la falta de acompañamiento especializado.
Con estas acciones, Puebla busca convertirse en un referente nacional en la lucha contra la violencia sexual, promoviendo un enfoque integral que combine la armonización legislativa, la atención a víctimas y la prevención social.
“La meta final es garantizar que ninguna mujer o niña en México quede desprotegida ante un delito tan grave, y que la justicia se aplique de manera equitativa y efectiva en todo el territorio nacional” comentó Hernández.
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