La ex secretaria de Planeación y Finanzas del gobierno de Miguel Barbosa, María Teresa Castro Corro, fue declarada “plenamente responsable” de desvío de recursos públicos y abuso de funciones por la inversión ilegal de más de 604 millones de pesos en Accendo Banco, institución que se fue a la quiebra pocos meses después de recibir los fondos del gobierno estatal y en donde presuntamente laboraba su pareja sentimental.
Esto, de acuerdo a la información publicada por el periodista Valentín Varillas a través de su columna La Tempestad, en la que detalla que la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial del Estado de Puebla impuso una sanción ejemplar: 362 millones 997 mil 678 pesos con 99 centavos por concepto de indemnización, además de 20 años de inhabilitación para ocupar cualquier cargo público.
La resolución judicial, emitida el pasado 30 de septiembre, establece que el monto de la multa equivale al 60 por ciento del daño total causado a las arcas estatales. El fallo se basó en el artículo 78, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que establece sanciones agravadas cuando el daño patrimonial supera doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Entre los magistrados ponentes se encuentra Martín Fuentes Morales, quien, según el columnista, mantiene vínculos cercanos con el actual grupo político en el poder.
Además del caso Accendo, la ex funcionaria enfrenta investigaciones ante la Secretaría por el depósito de cerca de 6 mil 800 millones de pesos en el bróker Fóndika, que ofrecía rendimientos financieros por debajo del promedio del mercado. También se le atribuyen omisiones en un litigio fiscal perdido por el estado por más de 2 mil 600 millones de pesos.
El contexto del caso Accendo
Cómo se recordará Diario CAMBIO dio a conocer que a pesar que el quebranto en Accendo ocurrió en 2021 el gobierno de Miguel Barbosa y la propia Castro Corro mantuvieron en total secrecía el asunto y no fue sino meses antes de su renuncia al gobierno de Sergio Salomón Céspedes Peregrina —ocurrida en junio de 2023—, que fue revelado el desfalco financiero provocado a raíz de una inversión irregular en Banco Accendo por 606 millones de pesos, monto que con intereses ascendió a 809 millones de pesos.
Entre junio y septiembre de 2021, cuando se desempeñaba como titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, junto con su entonces subsecretario de Egresos, José Enrique Girón Zenil, realizaron una serie de depósitos por un total de 3 mil millones de pesos a nombre del Gobierno del Estado en fondos de inversión de Banco Accendo.
De acuerdo con documentos oficiales, entre junio y agosto de 2021, Castro Corro transfirió 2 mil 400 millones de pesos procedentes del Fondo de Reserva Financiera para Contingencias Jurídico-Contenciosas, a cambio de rendimientos mínimos de apenas 7 millones 428 mil 722 pesos.
El 7 de septiembre de 2021, la funcionaria barbosista realizó un nuevo depósito por 606 millones 127 mil 503 pesos, pero apenas 48 días después, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó la licencia de operación de Banco Accendo por falta de liquidez, lo que provocó la pérdida total de la inversión pública.
Fue hasta abril de 2023, cuando la propia María Teresa Castro Corro —todavía secretaria de Planeación y Finanzas del gobierno de Céspedes— admitió públicamente la pérdida de los recursos públicos, reconociendo el daño patrimonial a las arcas estatales y que era prácticamente imposible recuperar el monto total.
Con esta resolución judicial, la ex titular de Finanzas del barbosismo enfrenta la sanción más severa dictada hasta ahora por un tribunal estatal contra un ex funcionario del sexenio anterior, en lo que se perfila como uno de los mayores escándalos financieros en Puebla.
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