El Secretario de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, Vicealmirante Francisco Sánchez González, afirmó que el diálogo con los ayuntamientos que no han cumplido con destinar el 20 por ciento de los recursos del Fondo de Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) a tareas de seguridad pública ha dado resultados y algunos han acelerado la inversión destinada a estos rubros. Asimismo, advirtió que los ayuntamientos que no cumplan la disposición serán penalizados con un recorte directo en el presupuesto federal que recibirán el próximo año.
El funcionario detalló que el ejercicio de diálogo que se ha sostenido con los ayuntamientos que han incumplido resultó productivo y confirmó que una parte importante de los municipios omisos respondió positivamente al llamado, acelerando el gasto para atender distintos rubros rezagados de sus corporaciones policiales.
“Yo creo que las mesas que hicimos con ellos fueron provechosas, muchos, no les puedo decir exactamente ahorita cuánto, pero más adelante se los voy a decir. Sí hicieron caso, invirtieron, compraron patrullas, compraron… Pagaron sus exámenes de control de confianza,” afirmó el titular de la SSP.
El Vicealmirante confirmó que el recorte de recursos se hará efectivo para aquellos gobiernos locales que, a pesar de las mesas de trabajo y la notificación de su incumplimiento, no logren comprobar la inversión mínima requerida en su seguridad municipal.
Originalmente, 106 municipios habían sido señalados por no cumplir con esta obligación legal. Sánchez González explicó que su dependencia sostuvo reuniones informativas con los alcaldes para conminarlos a regularizar el uso del recurso. Esta obligación está claramente establecida en el Artículo 6, fracción IX, del Presupuesto de Egresos de la Federación, que mandata a los municipios a destinar ese 20 por ciento a rubros esenciales como nómina de policías, equipamiento de patrullas y la realización de exámenes de control y confianza.
Sin embargo, el Secretario insistió en que habrá alcaldes que, por diversas razones, no cumplan con la disposición. Enfatizó que no se trata de una medida de confrontación, sino del estricto cumplimiento de la ley y de la obligación gubernamental. Los nombres de quienes se mantengan en el incumplimiento se darán a conocer en su momento.
El Vicealmirante Sánchez hizo hincapié en que la penalización no es un asunto discrecional, sino un mecanismo automático que aplica el gobierno federal al momento de distribuir el presupuesto anual.
La sanción se reflejará como una reducción del recurso federal equivalente al porcentaje no invertido en seguridad. El objetivo principal de la ley es asegurar que la prioridad de todo gobernante, que es la seguridad, se vea reflejada en el gasto público.
“Si ellos no utilizan ese 20 por ciento en seguridad, ese mismo porcentaje se los van a reducir. O sea, ejemplo, un municipio que recibe 200 millones al año, es decir, pues el próximo año ya no va a recibir 200, va a recibir 180 porque le van a quitar los 20 millones que le corresponden a seguridad,” sentenció el Vicealmirante.
El titular de la SSP concluyó su llamado al señalar que el recorte presupuestal es una consecuencia inevitable para los ayuntamientos que asumieron que “no pasaría nada” al incumplir. La omisión, advirtió, terminará por traducirse en una afectación directa a la tranquilidad y los servicios básicos de los habitantes de esos municipios.
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