La exsecretaria de Planeación y Finanzas del gobierno de Miguel Barbosa Huerta, María Teresa Castro Corro, se refugió en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) al salir del gobierno de Puebla en junio de 2023, tras revelarse el escándalo financiero del Banco Accendo, en el que se perdieron más de 604 millones de pesos del erario estatal. Sin embargo, el caso finalmente la alcanzó: fue declarada plenamente responsable de desvío de recursos públicos y abuso de funciones, y sancionada con una multa de 362 millones 997 mil 678 pesos con 99 centavos e inhabilitación por 20 años para ocupar cargos públicos.
La resolución fue emitida por la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial del Estado de Puebla, según reveló el periodista Valentín Varillas en su columna La Tempestad.
Después de su salida del gabinete estatal, Castro Corro ingresó el 1 de julio de 2023 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en la Subsecretaría de Egresos, dentro del área de Administración Financiera. Permaneció ahí hasta el 15 de octubre de 2024, según la Plataforma Nacional de Transparencia.
Pocos días después, se incorporó a la Secretaría de Finanzas y Administración de la Ciudad de México, donde continúa prestando servicios profesionales por honorarios. Percibe un sueldo bruto de 84 mil 300 pesos mensuales, además de otros ingresos por 45 mil pesos, según su más reciente declaración de situación patrimonial.
El escándalo de Accendo y sus bienes
El caso Accendo estalló en 2021, cuando como titular de Finanzas, Castro Corro y su entonces subsecretario José Enrique Girón Zenil autorizaron depósitos por tres mil millones de pesos del gobierno estatal en Banco Accendo, institución que quebró meses después. Solo entre junio y agosto de ese año, la exfuncionaria transfirió 2 mil 400 millones de pesos provenientes del Fondo de Reserva Financiera para Contingencias Jurídico-Contenciosas, con un rendimiento marginal de apenas 7.4 millones.
A partir de esa operación, la Auditoría Superior del Estado y la Contraloría iniciaron procesos administrativos y penales por malversación de fondos.
Pese a ello, Castro Corro reportó importantes adquisiciones inmobiliarias. En enero de 2022, aún como secretaria de Finanzas, adquirió un departamento valuado en 3.2 millones de pesos; y en diciembre de 2023, ya fuera del gobierno, compró una casa de 5.7 millones, según su declaración patrimonial consultada por Diario CAMBIO.
De acuerdo con investigaciones publicadas por Milenio Puebla, la exfuncionaria acumuló once propiedades —cinco casas, cuatro terrenos y dos departamentos— con un valor conjunto superior a 15.2 millones de pesos.
Un caso que sigue abierto
La sanción económica y la inhabilitación impuestas por el Poder Judicial confirman la responsabilidad administrativa de María Teresa Castro Corro, aunque no se ha informado aún sobre procesos penales derivados del desfalco.
El colapso de Banco Accendo no solo significó la pérdida de cientos de millones del erario poblano, sino que también evidenció presuntos conflictos de interés, pues en la institución bancaria presuntamente laboraba la pareja sentimental de la exsecretaria.
A más de cuatro años del escándalo, el gobierno estatal mantiene activos los procesos para recuperar los recursos desviados, mientras Castro Corro continúa laborando en el sector público capitalino, ya notificada de su sanción y bajo el escrutinio de las autoridades financieras
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