Luego de 47 días acéfala y a la deriva, finalmente la empresa concesionaria Agua de Puebla nombró a Jordi Bosch Bragado como su nuevo director general en sustitución de Héctor Durán Díaz quien fue removido de este cargo desde el 19 de diciembre del año pasado.
Fue la tarde del 3 de febrero, cuando Agua de Puebla emitió un comunicado para dar a conocer el nombramiento de Bosch Bragado como su nuevo director general, asegurando que esta designación forma parte de la encomienda que tiene esta empresa para mejorar el servicio en el suministro de agua potable, alcantarillado y saneamiento, ante las constantes quejas y denuncias realizadas por los usuarios, mismas que se acumularon por más de diez años y desencadenaron la destitución de Héctor Durán.
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En dicho comunicado, Agua de Puebla destacó que Jordi Bosch Bragado es ingeniero industrial, cuenta con una maestría en ‘Gestión Integral del Agua’ por la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona.
Asimismo, se sabe que Jordi Bosch laboró en empresas como Aguas de Barcelona en España y Aguas de Orán en Argelia, en las que estuvo a cargo de la producción, transporte, suministro y distribución de agua superficial y subterránea.
Tras su paso por estas empresas europeas, Jordi Bosch Bragado fue nombrado director general de Aguas de Saltillo, en el estado Coahuila, cargo que desempeñó durante 9 años hasta mayo de 2024 cuando fue destituido.
Durante su paso en este cargo, Jordi Bosch Bragado fue acusado por la Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo ante la falta de transparencia al interior de las sesiones del consejo de administración de Aguas de Saltillo, siendo señalado de ocultar y excluir las peticiones ciudadanas, aunado a que los miembros del consejo se limitaban a escuchar los informes sin cuestionar.
Asimismo, Jordi Bosch Bragado fue señalado en 2022 de percibir un salario mensual superior a los 233 mil pesos, sueldo mayor al del entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Ante esto, Jordi Bosch y Aguas de Saltillo justificaron este sueldazo, asegurando que los salarios de los directivos eran autorizados internamente, sin contar con ningún tipo de supervisión externa.
