Rodolfo Ruiz Rodríguez, director de e-consulta y apoderado único de Consultoría Contracorriente SA de CV, se negó a dar su postura en torno a la carpeta de investigación que la FGE mantiene por operaciones con recursos de procedencia ilícita en el ejercicio de más de 47 millones de pesos entre 2014 y 2019, evidenciando su total negativa a rendir cuentas.
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— Diario Cambio (@Diario_Cambio) October 1, 2025
El intento de contacto se realizó inicialmente mediante mensajes de WhatsApp con quien esto escribe, pasadas la 1 de la tarde, sin obtener respuesta. Posteriormente, a las 16:30 horas, se concretó una llamada telefónica que fue atendida por Ruiz, aunque esta duró apenas 32 segundos. Al explicar los motivos de la comunicación y solicitar su postura sobre la investigación en su contra, Ruiz decidió colgar, sin ofrecer explicación alguna tras finalizar la conversación.
De acuerdo con la carpeta de investigación revisada por Diario CAMBIO, entre 2014 y 2019 la empresa Consultoría Contracorriente, S.A. de C.V., administrada por Rodolfo Ruiz, reportó ingresos por 44 millones de pesos y egresos por 47.4 millones, generando una discrepancia de 3.2 millones de pesos que no pudo justificarse ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Las autoridades consideran que no se acreditó el origen lícito de estos recursos, lo que sustenta la investigación por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI).
La fiscal Idamis Pastor Betancourt confirmó que el caso no es un hecho aislado ni una persecución personal, sino parte de una serie de expedientes abiertos durante la gestión de Gilberto Higuera Bernal, destinados a ciudadanos, empresarios y periodistas. Pastor Betancourt aclaró que la decisión de judicializar el caso aún está en evaluación y que, por el carácter reservado de la investigación, no se puede adelantar si se procederá ante los tribunales.
El expediente detalla que Rodolfo Ruiz, en su rol de administrador único y representante legal de la empresa, dispuso de fondos adicionales a los declarados oficialmente por un monto exacto de 3 millones 200 mil 44.41 pesos, sin poder justificar su origen. Según la indagatoria, el señalado tenía conocimiento de que estos recursos provenían o representaban producto de actividades ilícitas.
La denuncia formal fue presentada el 7 de enero de 2020 ante la Fiscalía General del Estado por la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Desde entonces, la investigación permanece abierta y en curso, a pesar de haber transcurrido cinco años.
El delito de ORPI está previsto en el artículo 453 del Código Penal del Estado de Puebla y contempla penas de cinco a quince años de prisión. Por lo tanto, la acción penal no ha prescrito, y el Ministerio Público mantiene la facultad de continuar con las diligencias y, eventualmente, solicitar la judicialización del caso.
La Secretaría de Planeación y Finanzas, encabezada por María Teresa Castro Corro, concluyó que durante el periodo fiscal investigado, la empresa administrada por Ruiz manejó recursos por 47 millones 407 mil 204.41 pesos, lo que representa una diferencia frente a las erogaciones oficiales. La investigación continúa bajo estricta reserva, mientras las autoridades valoran los pasos legales a seguir y la posible presentación de pruebas ante los tribunales correspondientes.
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