El exdirector de Desarrollo Tecnológico del extinto Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, quedó detenido por su presunta participación en el desvío de millones de pesos destinados a los penales federales del país, recursos que habrían terminado en empresas vinculadas con Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Mont.
La captura la confirmó el Registro Nacional de Detenciones y se realizó el jueves, aunque las autoridades no informaron el lugar exacto de la aprehensión ni el sitio al que trasladaron el exfuncionario.
De acuerdo con la ficha oficial, Pérez Rodríguez es un hombre de aproximadamente 1.63 metros de estatura, tez morena clara, barba y cabello entrecano. Al momento de su detención vestía pantalón de mezclilla, playera color vino, chamarra café, botas grises y gorra café; no se le observaron tatuajes visibles.
El caso forma parte de una investigación de gran escala que involucra a 61 exservidores públicos, así como al exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna. En mayo de 2023, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, giró órdenes de aprehensión contra los implicados por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), Pérez Rodríguez habría participado en el desvío de aproximadamente 2 mil 950 millones de pesos mediante empresas factureras relacionadas con Álvarez Puga.
En la misma investigación aparecen otros exfuncionarios de alto nivel del sistema penitenciario federal, como Eduardo Guerrero Durán, excomisionado del OADPRS; Paulo Uribe Arriaga, exdirector general de Administración; Emmanuel Castillo Ruiz, extitular de la Coordinación General de Centros Federales, y Jorge Arnaldo Nava López, exdirector general del área de inteligencia del desaparecido organismo.
El caso del esposo de Inés Gómez Mont, Álvarez Puga
Víctor Manuel Álvarez Puga quedó detenido el 24 de septiembre de 2025 en Florida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Desde entonces permanece bajo custodia en el Krome North Service Processing Center, en espera de que se defina su situación legal.
La persecución en su contra inició hace cuatro años, cuando la FGR obtuvo órdenes de aprehensión y activó una ficha roja de Interpol para su localización internacional. Las autoridades mexicanas lo señalan por presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, al considerar que operó una red de empresas fantasma mediante la cual se habrían desviado cerca de tres mil millones de pesos del erario federal a través de contratos simulados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Para la fiscalía, estos hechos configuran un entramado financiero fraudulento en el que recursos públicos habrían sido canalizados ilegalmente a manos privadas, uno de los casos de presunta corrupción más relevantes ligados al sistema penitenciario federal.
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