Nos referimos sin duda a las reformas de las Instituciones del Estado. Desde hace dos sexenios y hasta la fecha, no hemos terminado el proceso.
Resulta necesario insistir sobre este difícil y, a veces, insufrible proceso de la reforma del Estado, porque entre una serie de condiciones que requiere la sociedad mexicana y nuestra nación para competir en el mundo globalizado, es favorecer entre otras cosas, los procesos de intercambio económico de bienes y servicios. Sobra recalcar que quien no produzca más, mejor y con buen precio, tendrá evidentemente graves desventajas en este proceso de intercambios múltiples a nivel internacional.
No es una necedad indicar que se requieren ciertas condiciones legales que faciliten el desarrollo de la iniciativa particular y el desenvolvimiento de las empresas, en consecuencia, se requiere de contar también con recursos financieros y desarrollos tecnológicos que hagan posible el mejoramiento constante de los procesos de producción. Estos tres elementos: un marco jurídico favorable, recursos financieros y tecnología son los únicos mecanismos que permiten la producción de nuevos esquemas de organización y, con ello, se favorece la creatividad y la capacidad de construir nuevos modelos que garanticen inversiones, nacionales y extranjeras, creación de nuevas empresas y, por consecuencia, fuentes de empleo. Si se fracasa en este modelo, nuestras alternativas son realmente pocas; y seguiremos en subdesarrollo descendente.
Volviendo al esquema de las normas que se necesitan, se insiste sobre la reforma del Estado y afirmo, que todavía no hemos encontrado los puntos de acuerdo suficientes para desarrollar una ideología consistente, que nos permita vernos como estamos e imaginarnos como deseamos estar dentro de 20 o 50 años. En los últimos días escuchamos demasiado ruido con relación a las reformas que se encuentran pendientes. Tengo la firme convicción de que en breve plazo empezaremos a observar acuerdos, porque el pueblo los necesita urgentemente y los actores económicos y políticos empiezan a entender que sin dichos acuerdos, el país no avanzará.
Nos preguntamos permanentemente cuales son los rubros de la actividad pública y privada que deben ser reformados para actualizarlos o para modernizarlos. Escuchamos que cada líder de opinión tiene su punto de vista, nos percatamos de igual modo, que los políticos, según la actividad que desempeñan, afirman que ese espacio es el más importante. Idealmente deberíamos arreglar todo aquello que necesite arreglo pero siempre observemos lo que es urgente y lo que resulta posible.
Sin duda, la educación es un tema fundamental sin el cual no podremos mejorar en ninguno de los demás espacios. Se me indicará que sin recursos económicos ni la educación ni ningún otra actividad podrá ser apoyada y, por lo tanto, es cierto que se debe recaudar más para poder invertir en los espacios que se necesite pero la reforma fiscal debe estar asociada a un nuevo federalismo hacendario, en donde progresivamente se reduzcan los recursos que maneja el gobierno federal y se trasladen a las entidades federativas, principalmente, a los ayuntamientos. De nada servirá recaudar más y repartirlo mejor si no se gasta ordenada y racionalmente, evitando la duplicidad y hasta triplicidad de actividades como es el caso de la seguridad pública, que dicho sea de paso, es otro de los rubros a modernizar.
La reforma de los poderes judiciales no se puede reducir a la implementación de los juicios orales, ya que, si bien puede ser un adelanto, no es la respuesta absoluta de los problemas estructurales que sufre la administración y procuración de justicia, teniendo en ese sentido razón el jurista poblano Jorge Lerín Valenzuela quien afirmó recientemente “…lo que verdaderamente falta es construir una nueva cultura de legalidad y de respeto a los inalienables derechos del procesado y de la víctima..”, misión en la que todos debemos participar, pues hay un gran déficit de ciudadanía y el obedecer a la ley, a veces, se considera como algo tonto.
La posibilidad de que el juicio oral se implemente gradualmente y sea el eje de la reforma judicial, no es desagradable del todo, siempre que se base en un diagnóstico real y se proporcionen los recursos indispensables para una modificación de tal envergadura, pues debe partir de la modificación en los sistemas de estudio para policías, agentes ministeriales que fungirían como fiscales y los jueces tendrían que ser especializados en instrucción, en garantías, en sentencia y en ejecución, eso sin contar con las salas de audiencia, los sistemas de video filmación y más reclusorios para evitar que el sistema de seguridad, procuración, administración de justicia y ejecución de sentencias, se colapse.
Debemos reflexionar respecto a lo que sugiere Lord Daniel Brennan, miembro del Consejo de la Reina de Inglaterra y asesor de la Comisión para la Construcción de Acuerdos (CENCA) para la Reforma del Estado en México, quien indica que la reforma judicial es fundamental en la reforma del Estado y debería ser el primer paso, pues a través de esto, se logra la confianza ciudadana y se genera “…un sentimiento de contribución a la institucionalidad del país…”
Es también interesante la reflexión que este mismo visitante pronunció en el sentido de que, en el debate parlamentario, se deben distinguir las ocasiones institucionales cuando el Jefe de Gobierno habla al pueblo por el camino del parlamento, donde es un mensaje a la nación; y del otro tiempo del debate político, que corresponde en lo interno a los parlamentaristas, sugiriendo el desarrollo de la disciplina democrática. También indicó que es el momento de generar acuerdos para identificar la nueva balanza de función de los tres poderes y, solo después de ello, vendrá el debate para identificar las reglas de los demás elementos normativos.
En fin, se avanza y en breve estaremos ya observando los resultados de este proceso.
Herramientas
