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¿Corrupción, incapacidad o las dos cosas?

En el pasado reciente, los regímenes priístas se caracterizaron – entre otras cosas- por la premisa de que el gobernador y/o el presidente nunca se equivocaban (aunque estuvieran más que equivocados) y por la constancia de que los subalternos asumían las culpas (reales o no) del superior.


En Puebla ocurre exactamente lo contrario. Funcionarios estatales no hacen más que equivocarse – por corrupción, incapacidad o ambas- y es el propio gobernador y/o sus propios compañeros de gabinete quienes tienen que salir a dar la cara por ellos, aunque la mayoría de las ocasiones lo hagan sin documentos ni argumentos de peso, solamente con declaraciones huecas.


Así se tiene a un secretario de Gobernación que se acobardó ante la competencia electoral por la ciudad de Puebla, sufre el rechazo público del principal partido de oposición (el PAN) que lo desconoce como interlocutor ante el gobierno y hasta sus propios correligionarios le cuestionan su incapacidad de alcanzar acuerdos y su proclividad a imponer sus caprichos y a lanzar campañas de desprestigio contra sus compañeros de partido, aunque ello genere daños al propio PRI.


Para no ser menos dañino que su “jefe de gabinete”, el titular de la Seduop es evidenciado por un diario de circulación nacional y se ve obligado a reconocer que en menos de tres años ha asignado de manera directa obras por 239 millones de pesos, pese al tufo de corrupción que despiden estas operaciones. Por si fuera poco, una buena cantidad de millones, digo, de obras, se encargan a un mismo constructor, que – por lo mismo - se vuelve el consentido.


Mientras El Universal publica documentos que probarían negligencia, corrupción o ambas de dependencias estatales (SCT y Seduop) involucradas con la tragedia en Eloxochitlán, la encargada de investigar las anomalías y las denuncias de los familiares de los 32 muertos - la Contraloría - determina que es un caso cerrado y emite una exoneración de facto sin indagación alguna que legitime su determinación.


Al mismo tiempo, no hay que hacer mucha memoria para recordar que la desgracia en Eloxochitlán tiende a convertirse no en una excepción, sino en la regla de las carreteras y caminos poblanos, como lo demostró el desgajamiento del cerro que en septiembre de 2006 ocurrió y mató a decenas de poblanos en Nuevo Necaxa sin que el gobierno estatal o el federal investigaran la responsabilidad de la constructora ICA en el derrumbe.
  
Las tragedias se vuelven frecuentes en los caminos de Puebla y la respuesta del gobierno es apostarle al olvido colectivo, defenderse de los documentos que implicarían omisiones graves, culpar de todo a la naturaleza y evadir su responsabilidad de investigar qué demonios sucede con las constructoras que trabajan para él.

Y como la danza de millones y de componendas con los contratistas puede dejar jugosos beneficios para los involucrados, los secretarios de Finanzas y de Desarrollo Económico tratan de justificar el incremento de 380 mdp del proyecto final del Recinto Expositorculpando al principal socio operador del gobierno estatal, Messe Frankfurt y a las necesidades de tecnología.


Obviamente, ambos funcionarios tuvieron que abordar el tema después de que un medio, E- Consulta, informara del sobreprecio del Recinto Expositor y expusiera lo que  parece una operación irregular. Fiel a la costumbre, ninguna instancia fiscalizadora ha  hecho alguna investigación para determinar si se justifica que el precio de una obra pase de 500 a 880 mdp; es decir, casi se duplique.    
Pero no solamente los titulares de Gobernación, Obra Pública, Comunicaciones y Transportes y la Contraloría se caracterizan por la falta de resultados y por actos que generan sospechas fundadas de corrupción, sino que varios de sus compañeros de gabinete siguen el mismo ejemplo.


Así se explica que, de acuerdo al Coespo, Puebla lleve 7 años seguidos (más de dos de ellos en la actual administración) como el séptimo estado más marginado del país, lo que implica el fracaso de una política social que, según las siempre tendenciosas cifras oficiales, no ha logrado revertir que el 70 por ciento de los 217 municipios de Puebla padezcan altos y muy altos niveles de marginalidad.
Para más “orgullo” de los poblanos, la procuradora y el presidente del Tribunal Superior quedaron evidenciados por la SCJN mediante una investigación que evidenció que en Puebla la justicia se manipula conforme a los intereses políticos y económicos del único poder real, como lo padeció Lydia Cacho.


En Puebla pasa todo, sin que “pase nada”. Nadie pone orden ni da manotazos en la mesa, por eso predominan la corrupción, ineficiencia e impunidad. Para su prejuicio, Puebla es tierra de todos y de nadie al mismo tiempo.

 

 

 

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