Indicador Político

Carlos Ramírez

27/04/2011

+ Política de defensa nacional
+ El narco amenaza al Estado

El problema de la nueva ley de seguridad nacional no radica en la imposibilidad de un Estado militar sino en el hecho de que el país enfrenta una subversión violenta del crimen organizado contra el Estado que ya ha rebasado a las policías y controles estatales y ha dejado al ejército como la última línea de defensa de la estabilidad nacional.

Los legisladores tienen ante sí no nada más el desafío de un marco jurídico, institucional y social sobre la seguridad nacional, sino que encaran el reto de la modernización del aparato general de seguridad. Más que el Estado militar, los legisladores tienen la obligación de garantizar legalmente la vigencia de las instituciones ante el activismo de las diferentes bandas del crimen organizado.

Por tanto, todo lo que se haga para contener la modernización de la seguridad nacional tendrá efectos positivos en el fortalecimiento del crimen organizado. El temor a un Estado militar es del tamaño de la desconfianza en la fortaleza de las instituciones. Es incomprensible que se contenga la modernización jurídica de la seguridad nacional mientras las bandas del crimen organizado violentan el Estado de derecho, violan derechos humanos y asesinan impunemente a ciudadanos.

El fondo del asunto radica en la inexistencia en México de una política de defensa nacional. Países que han padecido golpes de Estado militares y dictaduras castrenses le han entrado al tema de la política de defensa nacional: Brasil, Colombia, Chile, Argentina, Venezuela y Colombia. Una política de defensa nacional se basa en el papel decisivo de las fuerzas armadas para garantizar la gestión política del Estado y las instituciones en cinco puntos fundamentales: democracia, soberanía, seguridad, desarrollo y estabilidad social. La ley de seguridad nacional de México podría ser un paso hacia el diseño de una política de defensa nacional que aumente el grado de profesionalización del ejército.

Los problemas de seguridad pública, seguridad interior, seguridad nacional, seguridad política y seguridad social tienen que ver con los cinco modelos de ruptura de la gestión de gobierno: la inestabilidad por confrontaciones hacia el interior del sistema y del régimen, la desestabilización operada desde fuera y contra el sistema y el régimen, la ingobernabilidad por la oferta de gobierno menor a la demanda social, el vacío de poder por la inexistencia de poderes fácticos y la inexistencia del Estado de derecho.

La crisis de la seguridad interior llevó a la intervención del ejército en el combate a las bandas del crimen organizado con capacidad superior a las organizaciones policiacas. La ley de seguridad nacional, por tanto, debe leerse en el contexto de garantizar a los ciudadanos la estabilidad dentro de las fronteras. Lo curioso del hecho es que las críticas contra la minuta de la ley de seguridad nacional quieren atarle las manos a las fuerzas armadas pero nada dicen en contra de los cárteles del crimen organizado. El crimen organizado atenta contra la sociedad, pero algunos grupos quieren enviar al Estado a la guerra sin fusil.

Un análisis del ejército sobre las objeciones contra la ley de seguridad nacional muestra que la propuesta contiene controles institucionales para evitar el Estado militar, la violación de derechos humanos y la represión a movimientos sociales.

--Los artículos 72, 74 y 85 tienen candados para evitar el Estado militar porque existe la condición de logar la aprobación del congreso.
--El párrafo 2 de la fracción VIII del artículo 74 garantizan la intervención y supervisión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de las comisiones estatales. No habrá acciones por la libre.
--El párrafo 3 garantiza que no habrá operativos militares contra protestas administrativas, laborales, electorales o políticas, a menos que amenacen la seguridad interior.
--Las acciones en carreteras se ajustan al artículo 131 constitucional en el criterio de revisión “por motivos de seguridad o de policía”.
--No se podrá unilateralmente suspender garantías sino a través de lo que manda el artículo 74 fracción V: las cámaras podrán ejercer sus “funciones legales de control político” de la declaratoria de la existencia de una afectación a la seguridad interior.
--No se legaliza el espionaje político. La ley se ajusta al mandato constitucional de que información obtenida afectando la vida privada “carece de todo valor probatorio”. Las acciones de acopio de información deben cumplir las exigencias de ley. Por cierto, la Corte Suprema ablandó la intercepción telefónica. La ley de seguridad prohíbe intercepciones telefónicas y exigen autorización de un juez.

Si se revisa a fondo la minuta de la ley de seguridad nacional se puede percibir que se regula y precisa la intervención del ejército en asuntos que no tienen que ver con la fase internacional de la seguridad nacional. Al final de cuentas, la misión del ejército es la de proteger a la población civil, garantizar la vigencia del Estado de derecho y facilitar las condiciones de seguridad interior para la vigencia del sistema democrático.

A las características del Estado mexicano como un Estado anti-golpe y anti-intervención se agrega ahora la del Estado de seguridad interior. En su última instancia, la ley de seguridad nacional está diseñada para combatir a las mafias del crimen organizado que asesina, ataca a la población civil, trafica con drogas ilegales, sirve a intereses extranjeros de las mafias internacionales que controlan el tráfico de drogas.

El costo de no legislar está a la vista: una victoria política del crimen organizado.

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