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Línea Abierta


Josefina Buxadé Castelán*


Mentiras sobre el derecho a informar y censura en la reforma electoral

 

Justo en los momentos más álgidos de las negociaciones para la aprobación de la Reforma Electoral, que absurdamente se mezcló con la aprobación de la Hacendaria, como lúcidamente explicó ayer Raymundo Rivapalacio en El Universal, el duopolio televisivo fijó su postura con respecto a los contenidos de la reforma.

 

Para variar, sólo para variar, tanto Televisa como TVAzteca, en sus noticiarios estelares del lunes, descontextualizaron algunas frases del dictamen para eregirse como paladines de la libertad de expresión y la democracia.

 

Se lanzaron con todo contra algunas de las propuestas de la Reforma Electoral porque evidentemente lesionan sus altísimos intereses económicos y como poder fáctico. Pero lo hicieron argumentando que la merma económica no les preocupa, sino la amenaza al derecho a informar y la censura.

 

La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) emitió un comunicado sobre el “predictamen” de la reforma  en el que manifiesta que deberían reconsiderarse algunos aspectos que “claramente dan lugar a la censura de los medios electrónicos al limitar la difusión de opiniones sobre los partidos o sus candidatos por parte de la ciudadanía e informadores”.

 

Los paladines López Dóriga y Alatorre unieron sus voces al coro de la CIRT y criticaron que no se podrán transmitir mensajes con opiniones sobre los partidos y candidatos. Y dijeron que era censura, porque entonces no podrían entrevistar a ningún candidato o hacer reflexiones sobre el tema. La propuesta de Reforma no se refiere a cualquier tipo de mensajes. En el dictamen se trata de mensajes publicitarios, para evitar los anuncios como los de Sabritas y el Consejo Coordinador Empresarial durante las campañas presidenciales de 2006.

 

Me parece de lo más sano que se reduzcan los recursos a las televisoras, y que ni particulares ni partidos puedan contratar publicidad electoral. Esto, lo vimos el año pasado, afectó el proceso  y permitió campañas negras que en nada contribuyen a informar y a debatir públicamente sobre temas políticos.

 

Las televisoras deben estar preocupadísimas por ver cómo se recortarán de manera muy drástica sus ingresos; pero deberían ser mínimamente coherentes con la función de informar que supuestamente tienen los medios.

 

Parte de la propuesta consiste en la remoción de los actuales consejeros electorales, con el presidente Ugalde a la cabeza.

 

Las cuatro comisiones unidas del Senado que analizan el proyecto de reforma electoral acordaron ayer que el presidente del IFE sea removido 30 días después de que se apruebe la reforma; pero falta la aprobación del Pleno.

 

Los partidos, de acuerdo con sus intereses, y para llevar agua a su molino, han negociado si los removidos serán dos o tres o todos. Ugalde, al verse tan claramente amenazado ha recurrido a su único gran e incondicional aliado: Televisa, y a desatado una cruzada para descalificar la reforma, que obviamente ha tenido eco, por afectar directamente los ingresos de la televisora.

 

El impacto del debate serio, argumentado e inteligente que se pueda dar en los medios impresos es mínimo, comparado con los efectos de las palabras afectadas y malintencionadas de López Dóriga y Alatorre.
Los ciudadanos, para variar, son desinformados en lugar de informados.

 

Ayer, los representantes en el Senado del PRI, el PAN y el PRD coincidieron en que la reforma electoral no pretende establecer una ley mordaza. Nadie, excepto las televisoras lo había tergiversado así, pero vale la pena aclarárselo. También dijeron que no se trata de afectar a las televisoras o radiodifusoras, sino que haya equidad en las contiendas.

 

El senador perredista Carlos Navarrete denunció que varios de sus colegas han sido amenazados o recibido ofertas tentadoras –sobornos- con motivo de la reforma electoral por parte de los poderes fácticos mediáticos.

 

El Congreso tiene, otra vez, una oportunidad dorada para mostrar su autonomía y su compromiso con la democracia. Tiene la posibilidad de mantenerse firme o de sucumbir ante las enormes presiones. Ojalá diputados y senadores mantengan la dignidad y realmente defiendan los intereses de los ciudadanos, que no coinciden con los de los partidos y mucho menos con los de los grandes medios electrónicos.

 

*Josefina Buxadé Castelán es comisionada de la Comisión para el Acceso a la Información Pública,  [email protected] Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de la autora y no necesariamente reflejan la postura de la CAIP.


 

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