Línea Abierta


Josefina Buxadé Castelán*


ELECCIÓN CUESTIONADA


La elección de Blanca Lilia Ibarra Cadena como nueva comisionada propietaria de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) y de Alexandra Herrera Corona como su suplente realizada por la LVII Legislatura generó cuestionamientos y hasta oposición desde diferentes ámbitos -hasta algunas voces del propio PRI- por tratarse de funcionarias titulares de entidades o dependencias del gobierno municipal y del Poder Legislativo respectivamente.


El nombramiento resulta todavía más llamativo por haberse efectuado unos días antes de que el comisionado presidente de la CAIP, Antonio Juárez Acevedo, fuera destituido por haber presuntamente violentado el mismo artículo 27 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que se pasó por alto para nombrar a Blanca Lilia como comisionada. Tal como escribió ayer Norma Sánchez Valencia en Milenio, los diputados “optaron por repetir la historia”. Con la diferencia, añadiría yo, de que la presunta participación de Antonio en la agrupación política Plataforma Cuatro era un hecho que, de ser cierto, muy pocas personas conocían, en cambio, la posición de Blanca Lilia como presidenta de la Comisión de Transparencia del Ayuntamiento -entidad del gobierno municipal- es un hecho público y notorio, además de constar en documentos oficiales públicos.


Blanca Lilia tiene un buen perfil para ser comisionada, pues cuenta con excelentes relaciones públicas, que puede aprovechar en beneficio de la institución, y durante su paso como presidenta de la Comisión de Transparencia del Ayuntamiento hizo un buen papel: consiguió que se volviera a firmar el convenio con el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) para operar el Infomex en el municipio de Puebla, organizó una muy buena semana de transparencia, impulsó la capacitación de los funcionarios y ayudó a que el gobierno municipal entregara a los solicitantes información pública. Además, tiene una imagen cultivada desde sus orígenes como conductora del noticiario local de Televisa.


Blanca Lilia era una candidata idónea para ayudar a consolidar la imagen de la CAIP. Sería ideal si no estuviera legalmente impedida para ocupar el cargo. Desde que se conoció su intención de participar en el proceso algunos medios de comunicación hicieron notar que podría estar impedida para hacerlo, por haber sido titular de una entidad del gobierno municipal en los tres años previos.


Seguramente, Blanca Lilia se asesoró, y le aconsejaron que no habría problema para que fuera elegida. Sus defensores han argumentado que la Comisión de Transparencia del Ayuntamiento es un órgano auxiliar del ayuntamiento y fue creado con carácter de transitorio; porque se recordará que el anterior presidente municipal tenía la intención de que la comisión se convirtiera eventualmente en instituto. Cosa que no ha sucedido y que tal vez nunca suceda. Pero el punto aquí es que el hecho de que sea órgano auxiliar y transitorio no define su naturaleza jurídica. De acuerdo con la Ley Orgánica Municipal, el gobierno municipal sólo está facultado para crear entidades o dependencias, independientemente de la denominación que se les dé. Y el artículo 27 de la Ley de Transparencia es muy claro: para ser comisionado se requiere, entre otras cosas, no haber sido titular de una dependencia o entidad federal, estatal o municipal.


Blanca Lilia, como titular de una comisión encargada de vigilar el cumplimiento de la Ley de Transparencia, lo debería saber; pero puede ser que lo ignorara o que confiara en quienes le aseguraron que no habría problema. En cambio, los diputados sí lo deberían saber. Los diputados son los encargados de legislar y desde luego de hacer cumplir la ley. En julio de este año reformaron la ley de transparencia local, con resultados cuestionables; pero todos los diputados deberían conocer la ley a partir de la cual elaboraron una convocatoria para elegir a un nuevo comisionado.


Es increíble que los propios legisladores desconozcan la ley o que conociéndola la violen. El proceso, en general, tuvo algunas irregularidades. La Gran Comisión debió haber revisado los documentos entregados por los 15 interesados en participar, y hacia el viernes 5, determinar quiénes cumplían los requisitos. Todavía no analizo a fondo cada caso, pero aparentemente, por lo menos otras cuatro personas estaban legalmente impedidas. No hubo ningún filtro. Al grado de que no sólo Blanca Lilia, sino también Alexandra Herrera Corona, su suplente, está impedida para ser comisionada.


A la hora de la votación, el jueves 11, se encontraron con la indefinición de cómo elegir a la propietaria y cómo a la suplente. Alguien dijo que debería haber dos ternas. Ni al caso. Se tenía que haber nombrado una terna –una terna de tres candidatos, obviamente-, tal como se hizo el miércoles por la noche. Y de allí elegir a la comisionada propietaria y a su suplente. Ese fue el proceso que se realizó hace cuatro años. Hace dos años también hubo irregularidades. Samuel Rangel fue elegido comisionado propietario por el Pleno, sin haber sido incluido un día antes en la terna nombrada por la Gran Comisión, como lo indica la ley de transparencia.


Pero regresemos al proceso de la semana pasada. En lugar de una terna hubo tres pares. Se votó por “fórmula”. En la primera estaban Blanca Lilia como propietaria y Alexandra como suplente; en la segunda yo como propietaria y Carlos Romero Rojas como suplente; y en la tercera Gabriel Guerrero Monter como propietario y Ana Belén Mendieta Lozada como suplente. Los diputados votaron, supuestamente, por una “fórmula”, no por una persona.


En todo caso, se incluyeron en las “ternas”, “pares” o “duplas” a personas impedidas para ocupar el cargo, y se eligieron.


Las anteriores pueden parecer apreciaciones personales, cuando queden plasmadas en un juicio de amparo será un juez de distrito quien decida si se violó la Ley de Transparencia en el caso del nombramiento de la comisionada propietaria y su suplente.


En el amparo que yo presentaría, no solicitaría la suspensión, para que Blanca Lilia no pudiera asumir el cargo, porque ya le tomaron protesta desde el mismo jueves 11 y porque a mí ya no me interesa volver a entrar en el proceso para ser elegida comisionada. Ni siquiera en el caso de que se emitiera una nueva convocatoria para elegir al sustituto de Antonio Juárez Acevedo me interesaría participar.

 

A partir de enero regreso al Departamento de Comunicación de la Universidad de las Américas, Puebla. Desde allí seguiré impulsando la transparencia y el acceso a la información porque es un tema en el que creo y porque como ciudadana tengo la obligación de intentar construir una sociedad mejor.

 

* Josefina Buxadé Castelán es comisionada de la Comisión para el Acceso a la Información Pública ([email protected]). Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de la autora y no necesariamente reflejan la postura de la CAIP.

 



 
 

 

 
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