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Josefina Buxadé Castelán*

Hoy, transparencia en el Congreso

Después de un interesante ejercicio en el que participamos comisionados, consejeros, académicos y especialistas, hoy se entregará, en el Congreso de la Unión, el Código de Buenas Prácticas y Alternativas para el Diseño de Leyes Estatales de Transparencia y Acceso a la Información en México.

En otras ocasiones hemos mencionado que este Código surge a partir de una iniaciativa del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), que convoca a estudiosos en la materia para elaborarlo, con la intervención de legisladores e integrantes de los órganos que garantizan el derecho de acceso a la información pública en el país.

El objetivo es ofrecer, a todos los legisladores que asumirán muy pronto la tarea de reformar las leyes de transparencia existentes, un compedio de buenas prácticas que facilitará la revisión y modificación de los ordenamientos legales.

Desde el 12 de julio, que se celebró aquí en Puebla la primera reunión de trabajo para elaborar el Código, se han llevado a cabo otras nueve, en diferentes puntos de la república, para enriquecerlo y mejorarlo.

Todavía el viernes de la semana pasada se realizó la última reunión con los representantes de prácticamente todos los institutos o comisiones de los estados, para incorporar las observaciones finales al texto que se entrega hoy en el Congreso.

Una de estas propuestas es, por supuesto, que los partidos políticos y los sindicatos sean sujetos obligados directos de las leyes. Obligados a transparentar el uso de recursos, a rendir cuentas y a responder solicitudes de acceso directamente.

Otra postura muy importante de los comisionados, y que expondrá la presidenta actual de la Comaip al hacer uso de la palabra en la reunión de hoy, es que los comisionados estamos muy preocupados de que la reforma al 6º constitucional o el Código de Buenas Prácticas puedan servir de pretexto para que en algunos estados las reformas sean para empeorar las leyes. Sería no sólo lamentable sino inadmisible que los estados que tienen leyes y prácticas de avanzada retrocedieran.

El Código y la reforma constitucional y las nuevas leyes estatales, federal y del Distrito Federal deben servir para que haya más transparencia, para facilitar el acceso a la información, para garantizar plenamente el derecho fundamental a los ciudadanos sin trabas, sin candados, sin peros.

Entre los artículos del Código se encuentra la obligación de observar el principio de máxima publicidad, que indica que en caso de duda razonable sobre la clasificación de la información como reservada, deberá optarse por hacerla pública o bien, elaborar versiones públicas de los documentos clasificados.

Una cuestión sumamente debatida fue si se debe considerar a las personas privadas –que reciben recursos públicos o realizan funciones públicas- sujetos obligados directos de la ley. El Código propone que cuando un particular realiza actos de autoridad, la información que genere sea considerada pública. Por tanto, se podrá tener acceso a la información de sindicatos, asociaciones empresariales o concesionarios de un servicio público con respecto a los actos que realicen en calidad de autoridades, esto a través de la autoridad que supervise la actuación de esos particulares, no de manera directa.

Por lo que hace a los contratos, deberá publicarse un listado de todos los contratos celebrados por el sujeto obligado que relacione el número de contrato, su fecha de celebración, nombre o razón social del proveedor y el monto del valor total de la contratación.

Como sabemos, la actual ley de transparencia de Puebla es la única en el país en la que los contratos no son una “obligación de transparencia” o “información mínima de oficio” que deben publicar las autoridades. Obviamente esto va a cambiar en la nueva ley que estrenaremos antes del 21 de julio de 2008.

Otra de las aportaciones importantísimas, propuesta por el comisionado Juan Pablo Guerrero, del IFAI, es que para realmente garantizar el derecho constitucional a la información pública, se debe superar la definición actual de ésta como “aquella que conste en documentos…”. Hay información pública que no consta en documentos y que debería constar, o que los funcionarios deberían poder plasmar en uno, en cumplimiento de sus funciones públicas.

El Código propone que deberán ser públicas las declaraciones patrimoniales de todos los servidores públicos obligados a presentarlas, a excepción de los datos personales. Se considerarán públicos: el nombre, datos del puesto o encargo, datos curriculares e ingresos anuales netos. El Código sugiere que también podrían incluirse: valor de bienes muebles e inmuebles, valor de vehículos y valor de inversiones.

De las licitaciones públicas o por invitación se deberá publicar: convocatoria o invitación, participantes o invitados, nombre del ganador y razones que lo justifican, la unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución, la fecha del contrato, su monto y plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra licitada.

Con respecto a los puntos controversiales, varios comisionados han propuesto enfáticamente que las comisiones o institutos cuenten con facultades para castigar de forma directa los desacatos al acceso a la información pública. Existen, como en todo, pros y contras, pero la mayoría de los integrantes de los órganos garantes y varios especialistas consideramos que las ventajas son mayores, de cara a garantizar efectivamente el derecho.

Ojalá los diputados locales, cuando asuman la tarea de reformar la ley de Puebla, consideren seriamente las propuestas del Código, que ha sido elaborado con el conocimiento y la experiencia de muchas personas que trabajamos en el tema.

*Josefina Buxadé Castelán es comisionada de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (josefina.buxade@caip.org.mx). Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de la autora y no necesariamente reflejan la postura de la CAIP.