Línea Abierta


Josefina Buxadé Castelán*


Ocultar información pública tiene sus riesgos


A partir del aparentemente ingenuo e inocuo reportaje “La vida después de Los Pinos”, publicado en el número 146 de la revista Quién, se despertaron los demonios dormidos en torno al enriquecimiento del expresidente Fox. Al grado de que fue nombrada una comisión especial del Congreso, de nombre larguísimo, encargada de investigar el asunto –bautizado ya por algunos medios como “Foxgate”-.


El expresidente se ha dedicado a defender su inocencia, incluso ha emitido varios comunicados y ha mencionado como “testigos de calidad” a Bush y Powell. En una ocurrente declaración, Francisco Ramírez Acuña, el secretario de Gobernación, aseguró que mete las manos al fuego por la honestidad del expresidente, quien en su declaración patrimonial aseguró que el rancho de San Cristóbal está valuado en 300 mil pesos.


Fox perdió el piso, ni duda cabe. Basta recordar la lamentable entrevista transmitida por Telemundo, en la que el expresidente pierde los estribos. Pero más allá de haber perdido el estilo, parte del exgobierno foxista está en una situación delicada.


De acuerdo con un reportaje publicado por la revista Proceso, existen pruebas de que el gobierno de Fox ocultó información pública.


Es paradójico que Fox, el presidente que debería pasar a la historia porque durante su mandato se aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se estableció el Instituto Federal para el Acceso a la Información Pública (IFAI), esté siendo tan severamente cuestionado por presunto “enriquecimiento ilícito”, y recientemente el propio IFAI haya tomado cartas en el asunto.


Independientemente de lo mediático, de que la información se dio a conocer en una de las revistas llamadas “del corazón” o “prensa rosa” y de que ciertamente constituye un escándalo, por la notoriedad de la figura del expresidente; el tema va más allá.


No se está hablando sólo de enriquecimiento ilícito, sino de ocultar información pública lo que es una falta por parte de cualquier servidor público.


El reportero Daniel Lizárraga, quien ha utilizado la herramienta del acceso a la información pública para una gran cantidad de trabajos de periodismo de investigación, dio a conocer, en el número 1620 de la revista Proceso, un reportaje en el que demuestra que el gobierno de Fox ocultó los gastos realizados por su esposa, Marta Sahagún, para el acondicionamiento de sus oficinas, pues fue incorporada a la estructura burocrática de Los Pinos.


En enero de 2005, Lizárraga hizo una solicitud de información a la Unidad de Enlace de la Presidencia de la República, en la que pedía los gastos desglosados –rubro por rubro- y las facturas respecto al uso de los recursos públicos para investidura presidencial correspondientes al año 2004. Requirió específicamente los gastos de la señora Marta Sahagún en materia de comunicación, transporte, pago de sueldos a colaboradores y protocolo.


La Unidad de Enlace de la Presidencia le entregó un disco magnético en el que le informaban que “En el año 2004 no se realizó ningún gasto correspondiente a la partida 3825 Investidura Presidencial que fuese aplicado para la señora Martha Sahagún de Fox”.


“En la Oficina de Apoyo a la esposa del C. Presidente no se tienen erogaciones en materia de comunicación como publicidad o contrato con medios de comunicación”.


“Los sueldos al personal adscrito a la Oficina de Apoyo a la esposa del C. Presidente pueden ser consultados en la página de internet de Presidencia de la República”.


“En este sentido y una vez efectuada la revisión de los expedientes del Ejercicio 2004, se erogaron recursos públicos por 11 mil 371 pesos con 90 centavos en la partida 3825, los cuales corresponden a gastos de invitados especiales del Presidente de la República”.


Dos años después, ya con el gobierno de Calderón, el mismo reportero volvió a solicitar la información sobre los gastos ejercidos y generados por la exprimera dama, Marta Sahagún de Fox, desde su boda con Fox hasta el 1 de diciembre de 2006, incluyendo gastos de su oficina, sueldo de personal y boletos y facturas de avión, así como de vestuario. Las erogaciones que fueron cubiertas con recursos públicos.


En esta ocasión, la Presidencia le entregó 17 expedientes, con más de 800 páginas cada uno. El que corresponde a 2004, muestra gastos por 3 millones 956 mil pesos. Muy alejados de los 11 mil 371 declarados por la administración anterior.


El asunto, además de escandaloso es delicado, al grado de que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) abrió una investigación sobre el caso y solicitará a la Presidencia informes detallados con el objetivo de que aclare, ratifique o compruebe oficialmente los datos aportados por Proceso.


Una vez que se concluyan los trabajos, y de acuerdo con la nota publicada en el semanario el domingo pasado, el IFAI podrá exigir a la Secretaría de la Función Pública la aplicación de sanciones a quien o quienes resulten responsables por no haber entregado los archivos completos en el momento en que fueron requeridos.

 

* Josefina Buxadé Castelán es comisionada de la Comisión para el Acceso a la Información Pública ([email protected]). Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de la autora y no necesariamente reflejan la postura de la CAIP.

 



 
 

 

 
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