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El Mazo y el Yunke


CONTROL A LA ASIGNACIÓN DE OBRA PÚBLICA

 

Raymundo García García

 

En materia de obra pública la Ley respectiva ha venido sufriendo adecuaciones de acuerdo al interés del gobierno en turno, la normatividad publicada el veintidós de diciembre del año dos mil, estableció  las bases para que la ejecución de obras públicas a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal, se realizaran con criterios y costos uniformes, en beneficio de la economía estatal y de la sociedad en su conjunto, la cual fue reformada el diecisiete de diciembre de dos mil uno; mediante estas reformas, además de actualizarse este ordenamiento, se buscó la perfección de los niveles de eficiencia y eficacia en la contratación y ejecución de las obras a cargo de las administraciones públicas estatal y municipal. La visión del gobierno estaba sustentada en la idea de justicia y equilibrio sociales.
 
Luego el gobierno encontró  severos obstáculos para el desarrollo de la obra pública en la Entidad, lo que se tradujo en  la necesidad de revisar de manera integral dicho ordenamiento creando la LV legislatura, una nueva ley que dentro de su articulado contempla  excepciones a la licitación pública, las cuales  pueden tomar tres formas: a) el procedimiento de invitación a cuando menos cinco personas, b) el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas y c) la adjudicación directa, las cuales sólo en teoría operarán cuando se verifiquen casos en los que por las características especiales de las circunstancias, así lo determine una resolución administrativa debidamente fundada y motivada en los supuestos normativos. Concepción por cierto muy democratizadora.

 

Sin embargo, al inicio del presente sexenio del Gobierno del Estado 2005 -2011 se tomó la  decisión de enviar al Congreso del Estado para su análisis y en su caso aprobación, la  desintegración de  organismos públicos descentralizados como lo fue el Comité de Obra Publica; al día de hoy  han transcurrido dos años cuatro meses y se ha encontrado y evidenciado deficiencias en cuanto a la excepción de los procedimientos de excepción a la licitación pública, ya que dicho ordenamiento no especifica puntualmente en que casos se procede a una adjudicación directa, lo que se ha prestado a un abusivo ejercicio de este permiso legal, que se puede traducir inclusive en posible desvío de recursos y beneficio de algunos constructores amigos  de funcionarios del  Gobierno del Estado o de los gobiernos  municipales.

 

En ese sentido es necesario con el ánimo de fortalecer un régimen democrático, un estado de derecho, un ejercicio transparente de la obra publica, por hoy muy cuestionado por el asunto de la carretera de la muerte en Eloxochitaln y por el abuso en la excepción de las licitaciones, que se proponga modificar nuevamente la ley, y sobre porque la designación de constructores está centralizada en pocas personas, por la desaparición del comité de obras, lo que justifica más la necesidad de adecuar las leyes. La propuesta que se hace plantea lo siguiente:

 

Para el procedimiento de invitación.-Artículo 43, La contratación de obras públicas y servicios relacionados con la misma, se podrá llevar a cabo sin realizar el procedimiento de licitación a que se refiere la sección segunda, Capítulo III de esta Ley, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos cinco personas y tres personas cuando: I.- Realizada una licitación haya sido declarada desierta; II.- Se trate de trabajos de mantenimiento, restauración, reparación y demolición de inmuebles, en los que no sea posible precisar su alcance, establecer el catálogo de conceptos, cantidades de trabajo, determinar las especificaciones correspondientes o elaborar el programa de ejecución; III.- Se acepte la ejecución de los trabajos a título de dación en pago, en los términos de las disposiciones legales aplicables; IV.- Por razón del monto de la obra resulte inconveniente llevar a cabo el procedimiento de licitación. En ningún caso, una obra podrá ser fraccionada para que quede comprendida, en el supuesto a que se refiere esta disposición. Para efectos de esta fracción se estará a lo dispuesto en la Ley de Egresos del Estado; y V.- Se trate de trabajos en los inmuebles a que hace mención el artículo 5° de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, así como aquellos inmuebles y zonas protegidas que las leyes estatales protejan con el mismo espíritu y que cuenten con la autorización de la Autoridad competente.

 

Para casos de asignación, Artículo 42 bis, La contratación de obras públicas y servicios relacionados con la misma, se podrá llevar a cabo sin realizar el procedimiento de licitación a que se refiere la sección segunda, Capítulo III de esta Ley, a través del  procedimiento adjudicación directa  cuando: I.- El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de obras de arte, el licenciamiento exclusivo de patentes u otros derechos exclusivos; II.- Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad pública o el ambiente de alguna zona o región del Estado como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales; III.- Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, debidamente justificados; IV.- Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible ejecutar los trabajos mediante el procedimiento de licitación pública, en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate, en este supuesto, deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarlo; V.- Se trate de trabajos que requieran fundamentalmente de mano de obra campesina o urbana marginada, y que se contrate directamente con los habitantes beneficiarios de la localidad o del lugar donde deban realizarse los trabajos, ya sea como personas físicas o jurídicas; VI.- Cuando se haya declarado firme la rescisión administrativa del contrato respectivo por causas imputables al contratista que hubiere resultado ganador en un procedimiento de adjudicación. En estos casos la dependencia o entidad podrá adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea superior al diez por ciento; VII.- Se trate de servicios relacionados con las obras públicas prestados por una persona física siempre que éstos sean realizados por ella misma, sin requerir de la utilización de más de un especialista o técnico; VIII.- La obra a realizarse con recursos públicos sea parte terminación o anexa de obra concesionada a un particular, en cuyo caso podrá adjudicársele a él mismo, hasta por una cantidad similar a la inversión realizada o por realizar de la concesionaria. Para los casos de adjudicación directa, el titular de la Dependencia o Entidad, deberá informar a la Contraloría previamente a su contratación.

 

 

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