Los Heroes de la Pelicula

Esta semana los ministros de la Corte podrían darnos a las y los ciudadanos dos poderosas razones para pensar que aún existe esperanza en el entramado institucional de la justicia mexicana, que muchos dábamos por perdido. Entre lunes y martes los jueces resolverán si dan entrada al caso de las violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Ulises Ruiz en Oaxaca, y el jueves fallarán sobre el penoso tema del góber precioso, Mario Marín, de Puebla. Ambos casos parecían destinados a formar parte del inmenso archivo de agravios e infamias contra los y las mexicanas.

Pero de un tiempo a esta fecha, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidieron que alguien tenía que salir al rescate de nuestra crisis institucional.
El caso de Oaxaca es lastimoso por donde se le mire.

El conflicto provocó desplome del turismo, agravando la miseria de una de las regiones más pobres del país. Es obvio que a lo largo de 2006 las partes involucradas cometieron ilícitos de distinta índole, pero el gobierno federal «resolvió» el tema reprimiendo a una de las partes y encarcelando a sus líderes.

Sólo ha sido cuestión de tiempo para que el descontento volviese a brotar. Independientemente de lo que cada uno de nosotros piense sobre ese conflicto, es evidente que existe una herida abierta en Oaxaca, y que los ministros podrían comenzar a cerrarla. Reprimir a los inconformes y pedirles que se sienten a negociar con el probable responsable del asesinato de varios de ellos, es exigir demasiado. Sólo mediante la aplicación de una justicia imparcial podrá Oaxaca sentar las bases para reconstruir un clima de confianza. Los ministros tienen la palabra. O mejor dicho, tres de ellos, porque los ocho restantes ya votaron el jueves pasado con un saldo equilibrado
(cuatro a favor de aceptar el caso de Oaxaca, cuatro en contra). El lunes terminará el suspenso. El caso de Puebla es mucho más dramático, porque se encuentra ya en
«segunda instancia» y en la semana habrá resolución definitiva. Pocos mexicanos tendríamos duda sobre la culpabilidad de Marín y su puesta en común con Kamel Nacif para darle un «coscorrón» a Lydia Cacho por andar publicando un libro sobre pederastas. Todos escuchamos las grabaciones.

En cualquier otro país la indignación pública y, sobre todo, las leyes habrían provocado que los responsables terminaran en la cárcel. Son autoridades que vendieron la justicia a un particular con el objeto de detener ilegalmente, torturar y violar a una periodista que denunció el abuso sexual contra niñas por un pederasta y su red de protección. Pero año y medio después de los hechos, no ha habido poder humano que permita al gobernador ser sometido a la justicia.

El sistema judicial puso en operación una gran cantidad de recursos para castigar el atrevimiento de esta ciudadana: la desaparición de pruebas, incluida la computadora de la CNDH en la que se guardaban testimonios de testigos clave, el amedrentamiento de testigos, la repetición ad nauseum de interrogatorios para desgastar a la denunciante, el atentado perpetrado en la camioneta de PGR en que viajaba la periodista; la campaña de descalificación por parte del gobierno poblano contra Cacho, gracias al acceso ilegal de materiales en poder de la fiscalía; el tortuguismo malintencionado de ministerios públicos y jueces. Un sistema de justicia diseñado para impartir injusticia. Hasta que llegó el asunto a la Corte.

Para sorpresa de muchos poderosos, todo indica que el resultado de la investigación preparado por los ministros es desfavorable a Mario Marín. Si el plano confirma este fallo el jueves próximo, se habrá dado un paso histórico. De ser encontrados culpables los responsables tendrían que recibir una orden de aprehensión y el Poder Legislativo tendría que comenzar un procedimiento de desafuero de Mario Marín.

Por vez primera en la historia del país, la denuncia de una ciudadana «de a pie» contra un gobernador habría prosperado.

Sabiendo lo que está en la balanza, este lunes un grupo de ciudadanos encabezados por artistas e intelectuales (entre ellos Alfonso Cuarón, González Iñárritu, Luis Mandoki y Guillermo del Toro) presentará un exhorto a la opinión pública y a los ministros para que se haga justicia. El texto que preparan lo deja claro: «Se está juzgando mucho más que una violación a los derechos humanos de una periodista que dio voz y protege a niños y niñas abusadas. Lo que está en juego es saber, de una vez por todas, si las y los mexicanos comunes tenemos alguna posibilidad de que el Estado nos proteja de los criminales que se alían con servidores públicos...

«Exhortamos a ministras y ministros de la Suprema Corte a devolver a las y los ciudadanos mexicanos nuestro derecho a confiar en los tribunales.

Hasta ahora las repercusiones sufridas por las víctimas de Succar Kuri y la persecución de Lydia Cacho, parecerían dar la razón a ocho de cada 10 mexicanos, que consideran inútil denunciar un delito porque las instituciones del Estado no les darán protección. Si las autoridades poblanas son eximidas de su responsabilidad, si no se reconoce la evidente existencia de redes de pornografía, abuso y trata de menores en México, será muy difícil que algún otro ciudadano o ciudadana se atreva a desafiar en un tribunal a hombres que utilizando el poder público corrompen a la sociedad y fortalecen la criminalidad en México.»

«Eres mi héroe, papá», le dijo Kamel Nacif a Mario Marín por los favores recibidos. Los héroes de la película de esta semana podrían ser los ministros de la Corte, si hacen honor a los verdaderos héroes de toda esta historia: las niñas y niños abusados sexualmente y que hace cuatro años se atrevieron a denunciar a sus victimarios haciendo un voto de confianza en los tribunales mexicanos. El fallo de los ministros determinará si esos niños, si Lydia Cacho, estaban en lo correcto al recurrir a la justicia.