Economía y Política
Luis Antonio Godina Herrera
23/08/2011
¿Más federalismo?
A lo largo de la semana se han puesto sobre la mesa diferentes temas: desde la inseguridad (que es permanente y el sábado tocó por primera vez un espectáculo masivo en Torreón) hasta la inminente recesión en Estados Unidos y Europa y sus efectos en la economía mexicana. Pero hay uno que merece ser analizado de nueva cuenta en este espacio, me refiero al de la deuda de los estados.
Según datos de la SHCP las entidades federativas han aumentado su deuda de una manera desproporcionada, y por tanto se precisa controlarlos. Diferentes legisladores federales han propuesto iniciativas en ese sentido. Considero que más allá de criterios electorales, el debate vale la pena porque trae a la mesa la necesidad de reflexionar sobre el federalismo en México.
En efecto, la contratación de la deuda de los tres órdenes de gobierno está definida en la Constitución General de la República. Para el Gobierno Federal, en el artículo 73, fracción octava, la cual establece que: “Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos”, es decir inversiones en infraestructura. Para el caso de los estados y municipios nuestra Carta Magna establece una regulación similar en el párrafo segundo del artículo 117, mismo que señala: “Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos. Los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública.”
Es decir, la deuda está permitida por la Constitución, pero solamente se puede recurrir a ella para destinarla a inversiones productivas y son el Congreso Federal y los congresos locales quienes tienen la responsabilidad de aprobar o no los montos de los empréstitos que les solicite el Poder Ejecutivo. La pretensión de modificar la autonomía presupuestaria y de contratar deuda de las entidades federativas, equivaldría a dar un trato similar al del Distrito Federal a todos los estados de la República, pues solamente a aquél el Congreso Federal le aprueba anualmente su deuda. Equivaldría también a una recentralización absurda. Es como si porque un gobernador abusa o los caciques se imponen, se elimine la democracia en ese territorio y se nombren desde el centro a otros gobernantes. Esos tiempos ya pasaron.
La deuda de los estados es un reto para el federalismo, en mi concepto ese reto se debe enfrentar con más federalismo. Hay que reconocer la mayoría de edad de los estados para contratar deuda y… de los banqueros y de… las calificadoras. Pues en este problema todos ellos son corresponsables. Si hubo préstamos es porque alguien prestó y tomó como buenas la posición de las calificadoras. No seamos ingenuos. Los bancos que son tan reacios para prestar dinero a proyectos de las micros, pequeñas y medianas empresas, que ahogan con comisiones y cobran de manera salvaje a quien les debe una tarjeta de consumo, no tienen el menor empacho en prestar ahí sí, sin garantías claras o transparentes, a los gobiernos locales. Y lo que es peor, su rentabilidad la logran en buena medida con el financiamiento que dan a la deuda del Gobierno Federal. Algo ganan al prestar así a los gobiernos locales.
La astringencia de recursos que sufren los gobiernos locales, las presiones al gasto y al ingreso por el vetusto arreglo fiscal que padece México, explican al menos una parte el que acudan al mercado de deuda. Hay que revisar el federalismo, pero no para dar pasos atrás, hay que dar pasos hacia adelante. Apostemos por el federalismo pleno, el espejo retrovisor no es lo que necesita nuestro país, sólo nuestras regiones lo sacarán adelante, no un gobierno central obseso e ineficiente.
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