Durante el sexenio de Rafael Moreno Valle, se iniciaron 31 procesos de inhabilitación y sanciones administrativas contra el mismo número de funcionarios del sexenio de Mario Marín Torres (2005-2011), entre los cuales hay cuatro peces gordos y sólo dos de ellos han terminado en la cárcel.
La última acción que emprendió el gobierno morenovallista fue contra quien fungiera como secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SMRN), Francisco Castillo Montemayor por el delito de peculado por 39.2 millones de pesos. Es acusado de haber realizado movimientos ilícitos ante la supuesta adquisición de equipo para tratar basura y que se destinaría a 11 municipios en 2008.
Con él es el segundo marinista que va a la cárcel, el primero fue el ex secretario de Salud, Alfredo Arango García quien estuvo preso casi dos años, acusado de enriquecimiento ilícito por 54 millones de pesos, pero tras pagar una fianza y por tratarse de un “primo delincuente”, abandonó el penal de San Miguel. Actualmente, enfrenta procesos de inhabilitación por 12 años para ocupar un cargo público, además que le fue impuesta una sanción por cerca de 20 mil millones de pesos.
En los otros casos se trata de funcionarios de segundo y tercer nivel, cuyas inhabilitaciones implican de uno hasta 12 años por no haber comprobado el ejercicio de los recursos públicos en diversos años de la administración pasada, además de sanciones económicas.
García Ramírez, el prófugo mayor
Uno de los peces gordos que ha burlado a 190 países –los cuales integran la Interpol– es Javier García Ramírez, ex secretario de Desarrollo Urbano y Obra Pública en el sexenio de Marín, dado que desde el primer año del gobierno de Moreno Valle se emprendió una cacería en su contra, no obstante, al cierre de su sexenio, no se ha logrado capturarlo. Está acusado de enriquecimiento ilícito por 23 millones de pesos.
Además, enfrenta una inhabilitación por 12 años impuesta por la Contraloría del estado por negligencia administrativa y que comenzó a correr desde abril de 2015 , misma que vence en 2027; además el “prófugo más famoso del sexenio”, tenía otro procedimiento en su contra el cual lo inhabilitaba por cuatro años, aunque éste fue desechado al promover un amparo a su favor, aun estando prófugo de la justicia.
Fue en 2012 cuando el entonces procurador de justicia, Víctor Carrancá Bourget confirmó que García Ramírez tenía una orden de aprehensión en su contra por enriquecimiento ilícito, además que le fueron detectadas, junto con su familia, 32 propiedades en diversos puntos de la capital. En consecuencia, su residencia ubicada en Zavaleta fue incautada, sin embargo, ésta fue recuperada por sus hijos, quienes ganaron un amparo ante tal acción. Apenas ayer, el gobernador Rafael Moreno Valle confirmó que la orden de aprehensión sigue vigente.
Otros que son buscados por la justicia poblana –según se confirmó en su momento– son el ex subdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del Issstep, Rodrigo Lazcano Fernández, el ex jefe del Departamento de Logística de la SCT, —hoy sólo Secretaría de Transportes—, Juan Manuel Alcántara.
Marinistas recurren a amparos para evitar pagar sanciones
Alfredo Arango, luego de estar dos años en la cárcel, fue sancionado con una inhabilitación por 12 años además de una multa por cerca de 20 mil millones de pesos, dado que la Comisión Inspectora del Congreso local le detectó 225 irregularidades en su última cuenta pública de 2010, cuyo monto rebasaba los 8 mil millones de pesos: 6 mil 658 millones correspondían a daño patrimonial y mil millones 805 mil pesos a deficiencias administrativas.
Arango García se amparó ante la justicia federal para librarse de la multa que fue aprobada por los legisladores el pasado 29 de julio, además de esto, el ex titular de la Secretaría de Salud solicitó ante el Congreso del Estado que la multa fuera revocada, aunque su solicitud fue desechada.
Alfredo Arango fue aprehendido el 12 de enero de 2012 por el delito de enriquecimiento ilícito por 54 millones de pesos, y le incautaron 30 propiedades, cuyo valor ascendía a los 79 millones de pesos. Tras casi dos años en el penal de San Miguel y luego de pagar una irrisoria multa de 1.5 millones el marinista recobró su libertad el 28 de diciembre de 2014, en pleno Día de los Inocentes.
Mientras el caso de Arango está en proceso, un marinista que ganó un amparo federal fue el ex subsecretario de Egresos de Finanzas, David Villa Issa. Un juez resolvió que debido a que le iniciaron el procedimiento tres años tarde, fue desechado.
Otro que ganó un amparo en 2015 fue Rodrigo Lazcano Fernández, ex subdirector de Prestaciones Económicas en el Issstep –en el sexenio de Mario Marín– por lo que se le debía cancelar la orden de aprehensión que se giró en su contra en enero de 2012 ante la cual se mantenía prófugo de la justicia.
