Polémica, el sello del dogerismo

La autonomía del municipio fue el tema recurrente en los diferendos con el gobierno estatal

Los primeros 365 días de Enrique Doger al frente del Palacio Municipal se distinguieron por la erradicación de contratos celebrados por su antecesor, el panista Luis Paredes Moctezuma; la revelación de las irregularidades de la magna obra paredista, el distribuidor vial y el ataque con balas de goma de parte de la Secretaría de Seguridad Pública, en aquellos días presidida por Humberto Vázquez Arroyo, a manifestantes de San Miguel Canoa

Especial

La defensa de la autonomía municipal, por encima de las imposiciones provenientes de Casa Aguayo, fue el tema recurrente del trienio de Enrique Doger Guerrero. El alcalde capitalino fue el único priista que criticó al gobierno marinista por la encarcelación y violación de los derechos fundamentales de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.

Sus expresiones en torno al escándalo Marín-Nacif propiciaron discrepancias y enfrentamientos con el gobernador Mario Marín Torres, uno de los principales implicados del escándalo, que recientemente resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Pero el hecho también llevó a un punto crítico el desencuentro con Javier López Zavala, entonces secretario de Gobernación, quien amenazó al presidente municipal con no aprobar sus cuentas públicas sino desistía en sus señalamientos. Cambio hace un recuento de los acontecimientos más importantes del primer año del trienio dogerista.

Los primeros 365 días de Enrique Doger al frente del Palacio Municipal se distinguieron por la erradicación de contratos celebrados por su antecesor el panista Luis Paredes Moctezuma; la revelación de las irregularidades de la magna obra paredista, el distribuidor vial y el ataque con balas de goma de parte de la Secretaría de Seguridad Pública, en aquellos días presidida por Humberto Vázquez Arroyo, a manifestantes de San Miguel Canoa.

2005, Doger termina con el legado paredista

Al comienzo de la administración, Doger Guerrero echó abajo el acuerdo de la administración paredista con la empresa Mexicana de Mantenimiento de Alumbrado, la cual representó, la primera determinación importante de la administración dogerista. Sin embargo, después de un año, el ayuntamiento determinó pagar una indemnización a la firma por el desconocimiento de su contrato.

El alcalde capitalino negó que el ayuntamiento de Puebla haya doblado las manos en este asunto al haber aprobado el Cabildo el pago de 31 millones de pesos en tres extensiones, pese a que se había desconocido el contrato con la firma. Aseveró que con el acuerdo del finiquito se resolvió un problema de tipo legal, jurídico, económico y de “soberbia” que afectaba las finanzas municipales.

El dogerismo cargó con las anomalías del Juárez-Serdán

Uno de los problemas más graves que heredó la administración de Enrique Doger Guerrero fue la serie de anomalías, irregularidades y corruptelas de la construcción de la magna obra paredista: el distribuidor Juárez-Serdán.

Aunque Enrique Doger y su equipo de funcionarios de primer nivel se negaron a dar a conocer las anomalías del Juárez-Serdán, las fallas del distribuidor, la demanda de una de las constructoras y las auditorías externas revelaron la negligencia y los excesos del gobierno paredista.

Cambio dio a conocer el 11 de abril de 2005, la auditoría realizada por las consultoras Sifra y Deloitte al distribuidor vial Juárez Serdán, la cual arrojó que hubo un pago excesivo de 200 millones de pesos, al tiempo de señalar como responsables al ex alcalde Luis Paredes Moctezuma, a Héctor Montiel García —quien fungió como alcalde interino—, los ex secretarios de Administración Urbana, Agustín Flores Cuadra y Arturo Muñoz Arellano; además de las constructoras y supervisoras del distribuidor.

Estrenan las balas de goma con habitantes de Canoa

En abril de ese mismo año, la Policía Municipal tomó la determinación de repeler una manifestación que desquiciaba el tráfico en el bulevar Héroes del 5 de Mayo utilizando para ello sus pistolas de gotcha y disparando a quemarropa balas de goma sobre los inconformes, quienes protestaban por los resultados en la elección del presidente auxiliar de San Miguel Canoa.

La decisión polémica atribuida a Humberto Vázquez Arroyo, entonces secretario de Seguridad Pública municipal, provocó intensas críticas contra la administración entrante. En un acto inédito al interior del Cabildo capitalino, la regidora Jacqueline Litardi accionó una pistola de gotcha cargada con balas de goma para ejemplificar el daño que pueden causar estos artefactos.

Los agredidos presentaron una denuncia contra quien resulte responsable ante la Comisión de Derechos Humanos del estado.

Se destapó la cloaca de Héctor Montiel

En julio de 2005 un grupo de agentes de Tránsito reveló los abusos cometidos por Héctor Guerra Montiel, entonces director de Vialidad municipal. Pago de cuotas de 100 a 200 pesos por agente vial, venta de plazas hasta por 10 mil pesos, cobros discrecionales de infracciones y las tradicionales mordidas, son parte de las irregularidades que cometía a diario el ex funcionario municipal quien dejó su cargo a raíz de estas acusaciones.

A través de una carta enviada al gobernador Mario Marín Torres y al presidente municipal Enrique Doger Guerrero, un grupo de agentes revela los actos de corrupción en los que incurrió Guerra Montiel desde el inicio de la administración. La Contraloría municipal comenzó una investigación al respecto.