PGJ, juez y parte en el caso del torturado


Tras la reunión de médicos forense no se llegó a ningún acuerdo, decidirá el MP


Edmundo Velázquez


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Para amedrentar, la procuradora Blanca Laura Villeda estuvo presente en la diligencia que por 11 horas sostuvieron médicos del Servicio Forense, personal de la Procuraduría General de Justicia y peritos contratados por la familia de Ricardo Ramírez, quien muriera en condiciones sospechosas tras ser secuestrado por policías judiciales.


La reunión tenía como fin el que las partes llegaran a una conclusión sobre ambos estudios para establecer la verdadera causa de muerte de Ramírez. Pero no se llegó a ningún resultado favorable después de la maratónica sesión.


Debido a que el resultado de la reunión no fue favorable y ninguna de las partes cedió, será el agente del ministerio público quien determine cuál de las dos versiones es realmente la que concuerda con la muerte de Ricardo Ramírez Rodríguez.


Cabe recordar que la versión oficial de la muerte, indicada por el Servicio Médico Forense, menciona bronco aspiración, mientras que los peritos contratados por los familiares de Ramírez aseguraron que existían 26 heridas causadas por tortura y que la causa de muerte correcta era asfixia por sofocación.


La reunión de peritos inició en punto de las once de la mañana, a ella asistieron los dos abogados de la familia Ramírez, así como la doctora forense Alejandra Alemán Aldama. Por parte de las instancias oficiales llegaron dos médicos de Semefo, un representante del Ministerio Público y curiosamente apareció la procuradora Blanca Laura Villeda Martínez y la directora de averiguaciones previas de la zona metropolitana Sur, Rocío Montero Valencia.


A la diligencia no se le permitió la entrada a Antonio Ramírez, empresario que denunció desde inicios del mes de febrero la muerte de su hermano.


La reunión se realizó en una de las oficinas de la central de la Procuraduría General de Justicia, y también acudió un camarógrafo que estuvo grabando la sesión y también un fotógrafo para registrar cada una de las pruebas presentadas por ambas partes.

 

Nada más estoy pendiente: Villeda


La procuradora Villeda se mantuvo atenta a la reunión. Todo el tiempo salió solamente en una ocasión de la oficina alrededor de las tres de la tarde. La funcionaria negó dar   entrevistas cuando subió a su oficina, momento en el que fue abordada por la prensa.


—Cómo va la diligencia, procuradora…
—No voy a decir nada, no voy a declarar nada.
—Pero se suponía que esta era una reunión de peritos, ¿qué hacía ahí?
—Pues solamente quiero estar pendiente…nada más
Poco después la funcionaria bajó de su oficina y no volvió a salir hasta las 10 de la noche.
Por su parte, Antonio Ramírez aseguró que la última denuncia presentadas por la PGJ en contra de su hermano es solamente un invento, también minimizó las averiguaciones previas que hacían ver a su hermano como un ladrón de cerveza.


“Mi hermano me asistía y me acompañaba, en un negocio familiar. Me ayudaba en pagos en viajes, hacía movimientos bancarios de la empresa. Una empresa de servicios, de seguridad privada y una revista publicitaria. Las denuncias que tenía por robos menores son por un vecino con el que siempre tuvo problemas”, comentó Ramírez.
Terminada la diligencia la abogada Isabel Suriano, defensora de la familia Ramírez, aseguró que la procuradora no intervino en la diligencia.


“Solamente los médicos forenses, el médico criminalista de PGJ y la doctora que nosotros presentamos. Cada uno de los peritos presentó su postura y ofreció pruebas para consolidar su punto de vista. Tardó tanto porque cada una de las pruebas tenía réplicas y contra réplicas, lo que hizo que se tardara más la sesión”, detalló Suriano.


Ahora depende del agente ministerio público estudiar y determinar lo que proceda, que en este caso podría determinar si es necesario un tercer médico en discordia.


Falta “El Gohan”
Mientras los judiciales Édgar Rolando Contreras Chang, José Díaz Salinas y Carlos López Quiteria se mantienen arraigados en el Hotel Yunes, aún queda un cuarto judicial que no aparece.
Según Antonio Ramírez, aún falta un policía judicial de detener y que participó en su secuestro. Se le conoce entre la Policía Judicial como “El Gozan” y los familiares aseguran que se llama Carlos López Hernández y tiene como número de placa el 127.

 


 
 
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