Archundia confía en que no liberen a judiciales

Dice que el juzgado federal tendrá la última palabra

Edmundo Velázquez

El procurador Rodolfo Igor Archundia Sierra aún tiene esperanzas de que los tres judiciales procesados por el secuestro y homicidio de Ricardo Rodríguez Ramírez no sean liberados por el juez Primero de lo Penal.

En distintas entrevistas concedidas a espacios radiofónicos, el titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) detalló que a pesar de que el amparo fue concedido por el Juzgado Quinto de Distrito, tras la revisión se definirá si realmente pueden salir en libertad. “Todo está en manos del juzgado”, como comentó el procurador:

“Efectivamente, el viernes pasado a través del juez Primero de lo Penal, se hizo saber al Ministerio Público del Fuero Común, que el juez de distrito concedió una sentencia de amparo contra el auto de formal prisión que se les pronunció en fechas pasadas.”

De acuerdo a lo explicado por el procurador, el amparo se concede “para efectos”, o sea que el juez Primero de lo Penal, Javier Vázquez Fernández, deberá de hacer un nuevo estudio sobre el caso.

“Creo que lo mas importante radica en el aspecto de que finalmente el tema no ha sido concluido, el tema sigue en proceso y que la última palabra la tendrán ya los señores jueces, no la PGJ”, agregó Archundia.

Al parecer el amparo procedió ante el Juzgado Quinto de Distrito debido a que el Tribunal Superior de Justicia ordenó cambios de jueces entre los que estuvo el anterior juez Primero de lo Penal, Isauro Limón Melchor, quien dictó el auto de formal prisión contra los judiciales Carlos López Quiteria, Rolando Contreras Chang y José Díaz Salinas. Sin embargo meses después, Limón fue asignado a otro juzgado y llegó Javier Vázquez Fernández al Primero de lo Penal.

Cabe destacar que el actual juez Primero de lo Penal tuvo conocimiento desde el jueves. Notificó viernes y tomó sus vacaciones, por lo que la resolución del amparo podría quedar en manos del secretario de acuerdos encargado del Juzgado Primero de lo Penal.

Sin embargo, el procurador comentó que la resolución en el primer juzgado penal implica una nueva interpretación pero no especifica la salida directa de los tres judiciales como lo haría el amparo “liso y llano”.

“No significa una resolución de libertad inmediata para ninguno de los implicados y al mismo tiempo, está transcurriendo el plazo de diez días que marca le Ley de Amparo para que exista una inconformidad por parte de quienes pueden plantearla, que son tanto los mismos amparistas, es decir los mismos detenidos y como en su caso, el agente del Ministerio Público de la Federación, que son los únicos que podrían interponer un recurso de revisión contra esta sentencia”, detalló el procurador Archundia.

Además del proceso penal que se sigue en contra de los policías judiciales, la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública (Sedecap) también tiene sus propios expedientes de investigación sobre el caso.

“… existen los expedientes administrativos aperturados por los mismos hechos en manos de las autoridades correspondientes, que si no me equivoco son de Sedecap, entonces no es una situación que quede en estos momentos única y exclusivamente en manos de la autoridad judicial”, detalló Archundia.