En la congeladora de PGJ diez crímenes políticos: AN

Diputados del albiazul se reúnen con el procurador y le expresan su preocupación sobre el tema

Los albiazules entregaron un oficio con sus observaciones sobre cada uno de los casos señalados, la mayoría de ellos ocurridos desde tiempos electorales, que simplemente quedaron sin explicación en la era villedista

Edmundo Velázquez

Al menos 10 casos de crímenes con tintes políticos se mantienen rezagados en la Procuraduría General de Justicia (PGJ), según denunciaron los miembros de la bancada panista, tras una reunión que sostuvieron con el procurador Rodolfo Igor Archundia Sierra.

Eduardo Rivera Pérez, líder de la bancada de Acción Nacional, aseguró que entre los casos destacan el asesinato de José Alfredo Pérez Castro, diputado suplente del PAN, los casos de Mónica Parada Gamboa, Prisciliano Encarnación Bartolomé, el proceso en contra de los judiciales que dieron muerte al empresario Ricardo Ramírez Rodríguez  dentro de los separos de la PGJ, así como el de la candidata por la junta auxiliar de San Felipe Hueyotlipan, María Luisa Badillo Ramos, quien fue atacada sexualmente a unas semanas de los comicios auxiliares.

En la reunión con Archundia los albiazules entregaron un oficio con sus observaciones sobre cada uno de los casos señalados, la mayoría de ellos congelados en sus investigaciones desde tiempos electorales, casos politizados que simplemente se han quedado sin explicación y que ocurrieron mientras Blanca Laura Villeda Martínez se ocupó de la Procuraduría General de Justicia.

La reunión se llevó a cabo ayer a puerta cerrada y en ella los panistas exigieron al procurador Archundia que las investigaciones por fin sean complementadas.
A su vez Archundia justificó que varios de los casos tienen que ver con personal de la dependencia que está por ser relevado de su cargo debido a la obstaculización de investigaciones o del procedimiento, según relató Eduardo Rivera en entrevista.

“Si hay funcionarios públicos involucrados en estos hechos y que fueron corresponsables de alguno de los atrasos, indudablemente la PGJ tendrá la obligación de llegar a sus últimas consecuencias”, comentó Rivera.

Además, los diputados ofrecieron al procurador agilizar las reformas constitucionales en materia de seguridad pública y justicia penal que ya fueron aprobadas a nivel federal y que en breve deberán ser discutidas para el ámbito local, así como las modificaciones a los reglamentos locales:

“Se trata de tener un mecanismo de colaboración entre el PAN y la PGJ (…) Hay tres leyes que en su caso deben de sufrir reformas y entre ellas están el Código de Defensa Social para el estado de Puebla, el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia”, agregó Rivera.

En la reunión el procurador admitió que “ha habido deficiencias y errores humanos” atribuibles a la PGJ, y aseguró que estos errores se irán subsanando con la baja de aquellos que provocan los errores, por lo que aseguró a los panistas que ya se están llevando a cabo los cambios necesarios.

“Nos comentó que ha estado realizando unos cambios dentro de la institución para evitar que los casos que no han sido resueltos o que no han sido debidamente investigados continúen así, y que estos vicios se eviten (…) Parte de esos errores humanos tienen como consecuencia el retraso”, explicó el panista.

Los albiazules además ya están buscando más encuentros con funcionarios como  el secretario de Seguridad Pública Estatal, Mario Ayón Rodríguez, así como la delegada de la Procuraduría General de la República en Puebla, Imelda Calvillo Tello.