Va la PGR por Gómez Urrutia

De la redacción / Proceso

A petición de la Procuraduría General de la República (PGR), un juez federal libró hoy una nueva orden de aprehensión en contra del depuesto dirigente del sindicato nacional minero, Napoleón Gómez Urrutia, por presuntas violaciones a la ley de Instituciones de Crédito.

Según el pliego de consignación que la PGR remitió el pasado 22 de agosto al juzgado Primero de Distrito en Procesos Federales, con sede en el reclusorio Norte, Gómez Urrutia dispuso indebidamente de los fondos sindicales, cuyo monto se estima en 55 millones de dólares.

Apoyado en ese nuevo mandamiento judicial, la PGR está en posibilidades de solicitar de nueva cuenta la extradición del exdirigente minero que desde hace casi dos años reside en Canadá.

Esta es la tercera ocasión en que la PGR trata de encarcelar a Gómez Urrutia. En 2006, solicitaron a distintos juzgados que se librara orden de aprehensión en su contra por presunto lavado de dinero, pero los jueces que conocieron del caso se negaron a obsequiar dichos mandamientos.

Ahora, sin embargo, la juez Primero de Distrito en Procesos Penales Federales, Silvia Carrasco, ordenó la captura del dirigente minero por el delito de violación a la ley de Instituciones de Crédito, ya que dispuso del fideicomiso de 55 millones de dólares del sindicato minero.

En la averiguación previa UEIFF/FINM02/64/2006, la Subprocuraduría de Delitos Federales de la PGR solicitó también la aprehensión de delegados fiduciarios del sindicato Héctor Félix Estrella, Juan Linares Montúfar, José Rocha Pérez y Gregorio Pérez Romo, así como de los funcionarios de Scotiabank, Alejandro de Anda Arriaga y Felipe Alberto López.

A todos ellos, la PGR les imputó el mismo cargo que a Gómez Urrutia, violaciones a la ley de Instituciones de Crédito. .

Gómez Urrutia tiene vigentes tres órdenes de aprehensión en juzgados del fuero común por el delito de fraude, derivado también de los manejos del fideicomiso de los 55 millones de dólares.

El mes pasado, el líder sindical ganó el amparo en primera instancia contra estas aprehensiones, pero falta que un tribunal colegiado dictamine si se cancelan o no esos mandatos judiciales.

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