Inicia IFE pesquisa contra palomeados priistas

Incapaz de defender a sus correligionarios, el representante del PRI considera “frívolo” iniciar la indagación por la nota de CAMBIO

El organismo electoral iniciará una investigación por el escándalo del Instituto para la Productividad Competitiva, una vez que el organismo y los precandidatos podrían estar violando preceptos del Cofipe, además se le notificará el hecho a la Fiscalía electoral de la PGR

Selene Ríos Andraca

El Consejo Local del Instituto Federal Electoral (IFE) acordó iniciar una investigación en contra de los 12 aspirantes a precandidatos del PRI que tomaron un curso de propaganda electoral en las instalaciones del Instituto Poblano para la Productividad Competitiva (IPPC), y que fueron captados in fraganti por CAMBIO el martes pasado. Además de notificarle el suceso a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la PGR para que indague sobre el presunto delito de peculado por parte del organismo descentralizado y su titular Gabriel González Molina.

En asuntos generales, el consejero Federico González Magaña solicitó que el organismo iniciara una investigación en contra de los aspirantes priistas y Gabriel González Molina, una vez que podrían estar violando el artículo 347 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), que garantiza la equidad en los procesos electorales y prohíbe la utilización de recursos públicos para favorecer a algún partido político.

El artículo 347 establece: “Constituyen infracciones al presente Código de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público: (…) c) El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales”.

El IFE también notificará a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), una vez que integren el expediente, ya que existe la presunción del delito de peculado y de la violación al Código Penal Federal de parte del Alto Comisionado de la Competitividad, Gabriel González Molina.

El consejero local presumió que el titular del Instituto Poblano de la Productividad Competitiva podría estar violando el artículo 407 en su fracción tercera, que establece que se impondrán de 200 a 400 días de multa y prisión de uno a nueve años al servidor público que: “Destine, de manera ilegal, fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo tales como vehículos, inmuebles y equipos, al apoyo de un partido político o de un candidato, sin perjuicio de las penas que pueda corresponder por el delito de peculado”.

Para integrar el expediente en contra de los priistas y de González Molina, el Consejo Local requerirá a CAMBIO las fotografías y los audios que corroboran la presencia de los aspirantes a precandidatos en el organismo gubernamental y en la que los 12 entrevistados se contradicen entre sí al tratar de justificarse.

A la petición de Federico González Magaña se sumaron los consejeros Luis Garibi Harper y Sergio Cházaro, así como los representantes de los partidos de Nueva Alianza, Acción Nacional, Revolución Democrática y el Revolucionario Institucional.

El consejero presidente atajó: “Iniciaremos la investigación como lo ha solicitado el consejero Federico, y la Junta Local investigará. Por el momento sólo tenemos como elemento la nota periodística”.

Sin ningún argumento para defender a sus correligionarios, Gildardo Ayala, representante del PRI en el Consejo Local, recurrió a la ironía y a la minimización del caso, al calificar como “frívola” la intención del órgano electoral al iniciar una investigación por una simple “nota periodística”.

Gildardo Ayala se mofó del interés de los medios de comunicación y de los consejeros en los aspirantes priistas a una diputación federal: “No es formalmente correcto hacer presunciones por una nota periodística, sin duda, nuestros aspirantes están despertando interés en muchas instancias”.

En respuesta, los consejeros Federico González y Sergio Cházaro, en conjunto con los representantes de Nueva Alianza, Acción Nacional y PRD aseguraron que el seguimiento periodístico al escándalo del IPPC servía como indicio para iniciar una investigación, aunque la nota en sí no representa una prueba plena; sí lo son las fotografías y los audios.

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