Sacadólares a Salvo; Carstens oculta sus nombres
Daniel Lizárraga / Apro
Ya es oficial: no habrá manera de saber cuáles empresas y qué empresarios hicieron una compra masiva de dólares --entre septiembre y octubre del 2008-- colocando al país en una situación de franca vulnerabilidad ante la crisis financiera internacional.
El 13 de octubre del 2008, de gira por Washington, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, dijo que dentro del gobierno calderonista ya sabían los nombres de las compañías y la identidad de quienes intentaron desestabilizar al país tratando de obtener ganancias importantes de la paridad peso-dólar. En esos meses, la divisa llegó a cotizarse arriba de los 14 pesos.
“Se trata de un problema bien detectado”, comentó entonces el secretario ante los corresponsales mexicanos en el vecino país del norte. Pese a ello, tres meses después, Hacienda declaró oficialmente que esa información no existe.
Un día después de su visita a Washington, Apro tramitó una solicitud de acceso a la información solicitándole a Hacienda conocer los nombres de las empresas y de los directivos de las mismas o, en su caso, de los particulares que habían puesto en riesgo la economía del país, según las palabras del propio secretario de Hacienda, Agustín Carstens.
La Unidad de Enlace de Hacienda --encargada de atender las peticiones-- tardó 40 días hábiles en emitir una respuesta, llevando así el asunto hasta el extremo máximo que le permite la actual Ley Federal de Transparencia, así como su reglamento.
El 5 de diciembre anterior, la dependencia encabezada por Carstens notificó a Apro que la información requerida, sencillamente, es inexistente.
Según un expediente de cinco cuartillas enviado por Hacienda, el asunto le correspondió atenderlo a la Unidad de Banca, Valores y Ahorro.
Sin embargo, la información solicitada, los nombres de las firmas y los responsables de la compra masiva de dólares no existen aun cuando esos datos originalmente hayan sido aportados por el propio Carstens.
“La Unidad de Banca, Valores y Ahorro sólo está obligada a entregar los documentos que se encuentran en sus archivos. Esta unidad realizó una búsqueda exhaustiva de la información requerida en los expedientes respectivos que obran en sus archivos, sin obtener resultados favorables, motivo por el cual no está en posibilidad de proporcionar la información solicitada”, argumentó la dependencia.
De la misma respuesta, se desprende que no se consultó ni a la oficina ni al propio secretario de Hacienda, aun cuando en la solicitud de Apro se hizo referencia a sus declaraciones. Ahora, el Instituto Federal de Acceso a la Información
Pública (IFAI) deberá decidir si acepta un recurso de revisión sobre este caso.
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