A pesar de que el homicidio del estudiante de la preparatoria del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla ha encendido los “focos rojos” en varios sectores de la sociedad que se han pronunciado para que se aclaren los hechos de manera inmediata, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Puebla continúa sin revelar información del caso y hasta ahora sólo se sabe por fuentes extraoficiales que las autoridades conducen el caso como una posible venganza.

Incluso se ha llegado a especular que compañeros de Antonio Sebastián Préstamo Rivera podrían estar involucrados en el secuestro del joven quien horas después de ser privado de su libertad en la zona de Angelópolis fue ultimado con varias puñaladas en las inmediaciones de la comunidad de Yecuatla, perteneciente al municipio de Xalapa, versión que no ha sido descartada por ninguna autoridad de la PGJ.

Dado que la PGJ se ha negado a dar información, fue gracias a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Publica de Xalapa que se supo que el automóvil Mercedes Benz CL-250, color plata, modelo 2015 y placas TZZ-23-54 de Puebla, propiedad del estudiante poblano asesinado, fue localizado en el estacionamiento de un restaurante desde el pasado 13 de febrero, por lo que el móvil de robo sería descartado pues el coche estaba intacto.

Fuentes extraoficiales consultadas por e-consulta indican que las investigaciones de la PGJ se encuentran encaminadas hacia una venganza, en la cual se involucra a estudiantes o compañeros de Antonio Sebastián Préstamo pues el poblano fue asesinado horas después de ser plagiado y antes de que los presuntos secuestradores contactaron a la familia para pedir rescate, hechos que no coinciden a los de un secuestro.

Hasta el momento las versiones no han sido desechadas por la PGJ, sin embargo las autoridades se han negado a hablar sobre el tema y se desconoce si se esté dando un seguimiento real al caso pues de acuerdo con la familia del hoy occiso, la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto (DGADAI) estuvo a cargo de las negociaciones por lo menos cinco días sin poder rastrear a las personas que llamaban para pedir un rescate a cambio de la vida del joven.