Un grupo de concesionarios de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) denunciaron que la deuda que tiene el fideicomiso de Servicios Articulados de Puebla (SAPI) ya asciende a 300 millones de pesos, motivo que ayer los llevó a entregar una petición de asamblea general para solicitar la destitución del consejo que encabeza Miguel Ángel Aceves por presuntas anomalías en la administración.

De los 192 transportistas que tuvieron que dejar sus unidades cuando en enero de 2013 inició operaciones la línea 1 del metrobús, que actualmente circula de Tlaxcalancingo a Chachapa, 140 han firmado para exigir la elección de nuevos representantes debido a que no reciben las ganancias prometidas, según dio a conocer Juan Cervantes Hernández.

El representante de los quejosos llegó acompañado de al menos 20 personas a entregar dicho documento y encontraron las oficinas cerradas, sin embargo minutos después llegó al lugar uno de los integrantes del comité, José Luis Espinosa, quien firmó de recibido, acto del que dio fe la notaria pública número 57, Wilma Julián Ruiz.

Posteriormente, los concesionarios partieron hacia las oficinas de la Secretaría de Transportes (ST) que encabeza Bernardo Huerta, a quien notificaron sobre la situación actual de la administración y de la solicitud que realizaron para la elección de nuevos integrantes del consejo.

“En caso de que ellos no la den, de acuerdo a lo que marca el acta constitutiva, haremos una asamblea los compañeros, estará el notario y estarán destituidos. Tenemos la ley de nuestro lado”, comentó Cervantes, al dar a conocer el paso a seguir tras la notificación.

Marcha metrobús hacia el fracaso

La inconformidad está argumentada en el incumplimiento de la promesa hecha por el gobernador Rafael Moreno Valle, sobre que la línea 1 de la RUTA dotaría a cada concesionario de ganancias por alrededor de 12 mil pesos al mes, sin embargo, la realidad dista mucho de la situación que enfrentan ya que hasta noviembre del año pasado sólo han percibido 50 por ciento de lo convenido, un salario de 6 mil pesos.

“Queremos que nuestro bolsillo esté lleno como nos lo prometieron. El argumento (por el que no les han pagado) es que no hay dinero, que según el gobierno no les paga lo que les debe”, además la empresa ATT Maximus no ha reportado al fideicomiso las recaudaciones electrónicas que hace.

Este hecho se suma a las deudas con diversos proveedores, el paro de las rutas alimentadoras y el mal estado en que se encuentran las unidades, hecho que pone en riesgo la seguridad de los usuarios.

“Ya todo está hecho una chatarra, todo el plan que ofreció el gobernador que era un éxito se ha muerto por la mala administración del consejo”, dijo Cervantes.

Diario CAMBIO ha dado cuenta en diversas ocasiones sobre los conflictos que existen en la administración, que provoca un pésimo servicio, pues recientemente las alimentadoras se independizaron también por la falta de pago.