En particular las experiencias colombiana y mexicana son dolorosos ejemplos de que la narcoviolencia es un tema estrictamente político.

 

Detrás de cada delincuente hay un poder político que lo respalda y lo protege. Detrás de un carterista hay un policía que se hace de la “vista gorda”; para que opere una banda de asaltantes en carreteras se requiere de la complicidad de las policías de Caminos. Y para que un capo tome el control de un estado es inevitable, obligado y forzoso que un gobernador, un procurador de Justicia o un secretario de Seguridad Pública estén involucrados.

 

No hay otra manera, no existe la posibilidad que sea de otra forma.

 

Esto comenzó desde hace décadas; la colusión entre gobiernos y crimen organizado se llama narcopolítica y es el cáncer que está consumiendo y desangrando a México.

 

En 1977 Roberto de la Madrid Romandía, mejor conocido como “Bob de la Madrid” fue ungido como gobernador de Baja California norte. Poco después el gran maestro del periodismo mexicano Jesús Blancornelas comenzó a publicar notas con datos duros sobre la clara, evidente colusión de aquella administración estatal con el naciente Cártel de Tijuana. “Bob” persiguió a Blancornelas con toda la fuerza de su investidura, pero nunca pudo acallar a uno de los más grandes periodistas que ha dado este país.

 

Desde entonces son incontables, innumerables los casos de mandatarios estatales que “se cargan” y se muestran proclives a proteger a alguna organización criminal.

 

El caso más reciente es el ejemplo impune del ex gobernador guerrerense Ángel Heladio Aguirre Rivero, ex priista convertido al perredismo, quien dio una protección inusual, peculiar al matrimonio de María de los Ángeles Pineda Villa y José Luis Abarca.

 

Frente a la fallida gestión del exmandatario los cárteles brotaron y se desbordaron como no se ha visto en otra entidad. “Guerreros Unidos”, “Los Rojos”, “Los Ardillos”, “Cártel Independiente de Acapulco” son solo cuatro de 14 organizaciones criminales que operan en el estado de Guerrero. Y todos surgieron, se desarrollaron y prosperaron durante el desgobierno de Aguirre Rivero.

 

Por todo el territorio nacional los ejemplos son palpables, evidentes, incuestionables.

 

Chihuahua se convirtió en un infierno bajo el control de “La Línea” durante el sexenio de José Reyes Baeza Terrazas (hoy convertido en director del Issste). El Cártel de los Zetas tiene un control absoluto y omnipresente en los reclusorios de Coahuila desde que iniciaron las gestiones de los hermanos Moreira. Veracruz era un paraíso hasta que comenzó la función de Fidel Herrera Beltrán, cuya política genocida continuó su cachorro Javier Duarte de Ochoa. En Tamaulipas el Cártel del Golfo y los Zetas llegaron a la cúspide del ejercicio criminal durante el periodo de Eugenio Hernández.

 

Pero sobre todo, los mexicanos jamás debemos olvidar que la llamada “guerra al crimen organizado” iniciada en el sexenio de Felipe Calderón fue un concepto, una idea que desarrolló el entonces poderoso Secretario de Seguridad Pública federal Genaro García Luna.

 

Sí, Genaro el padre político de Facundo Rosas Rosas el mismo que le abrió la puerta de Puebla a la delincuencia organizada.

 

La periodista Anabel Hernández siempre señaló a Genaro como el gran protector y benefactor del Cártel de Sinaloa la organización de Joaquín Guzmán Loera, que aún ahora con el capo detenido sostiene una estructura internacional con tentáculos en Estados Unidos, España, Italia, Turquía, India y potencias del llamado “Tigre Asiático”. 

 

Detuvieron al hombre, pero el negocio sigue intacto, incólume. Sin lesión, ni menoscabo alguno.

 

Hoy la gran esperanza nacional se aferra a las figuras que fueron beneficiados con el voto de la alternancia el pasado domingo 5 de junio. Y en especial nos referimos a Francisco Javier Cabeza de Vaca en Tamaulipas, Miguel Ángel Yunes Linares en Veracruz; José Rosas Aispuro en Durango, entidades gravemente lesionadas, devastadas por la “narcopolítica”.

 

La solución es muy sencilla; la receta es muy fácil de aplicar. Solo se necesitan que los nuevos gobernadores no se vendan al crimen organizado y no permitan que sus procuradores y secretarios de seguridad pública lo hagan. Es una cuestión de estricta voluntad política.

 

La guerra contra la narcoviolencia no se resolverá a balazos; de esa manera jamás va a concluir. Esta guerra fallida terminará con funcionarios que tengan la integridad de no entregar a sus pueblos a la dictadura de los cuernos de chivo.

 

Esta catástrofe humanitaria se resolverá cuando tengamos un presidente de la República y gobernadores que muestren la integridad y la entereza para no permitir que en las calles se derrame la sangre de los mexicanos. 

 

Ya veremos si estos señores saben corresponder al voto de castigo que el pueblo le dio al PRI.

 

Ya lo veremos.

 

Como siempre, quedo a sus órdenes en cupula99@yahoo.com, sin mx.