Sin comprobar su inocencia y aprovechando una carpeta de investigación plagada de inconsistencias, los seis policías de Amozoc y dos civiles detenidos por presuntamente dar protección a chupaductos en la regiónfueron puestos en libertad gracias al fallo de no vinculación a proceso otorgado en audiencia pública por el juez de la segunda sala de oralidad, Lucio León Mata.

No obstante, la Fiscalía General del Estado (FGE) no cederá en el caso y anunció que impugnará la decisión tomada por el juez pues considera que no hubo una correcta valoración de los medios de prueba presentados por la representante de la agencia del Ministerio Público.

Polisse niegan a declarar

Los policías de Amozoc Miguel Feliciano Gamboa, Sergio Salazar Manzano, Juan Ramos Nicolasa, Miguel Ángel Estrada García, Fernando Iván Fierro y Juan Antonio Hernández Moreno, así como los civiles Alberto González Morales y Josué Vázquez Tenorio, tomaron su lugar en la sala de audiencias número 2 de la Casa de Justicia Zona Centro.

Los ocho enfrentarían un proceso de vinculación a proceso por los delitos de lesiones, privación ilegal de la libertad, usurpación de funciones y portación ilegal de armas promovido por la Fiscalía, la cual llegó a la audiencia con la confianza de haber ganado la primera batalla en la audiencia inicial y conseguir la prisión preventiva en su contra.

La representante del Ministerio Público enunció los hechos que se les imputaba a los ocho detenidos desde la madrugada del primero de septiembre cuando presuntamente golpearon, desarmaron y abandonaron en un paraje a los policías estatales que investigaban una toma clandestina en Chachapa.

Sin conocer la versión de los acusados, dado que se reservaron su derecho a declarar, la Fiscalía relató la teoría del caso desde las declaraciones emitidas y firmadas por los ocho policías estatales que los detuvieron y los cuatro que los acusan de haberlos golpeado para evitar que investigaran el robo de combustible.

La carpeta de investigación

Incapaces de demostrar que sus defendidos no habían golpeado a los estatales o que no protegían a los chupaductos, los tres abogados particulares que tenían a su cargo la defensa de los ocho imputados ejecutaron una estrategia para exhibir minuciosamente el más mínimo error de la causa penal 110/2016/Puebla integrada por la Fiscalía.

Tras escuchar los medios de prueba y las acusaciones que hicieron los policías estatales contra los de Amozoc, los abogados aprovecharon el momento del debate para exponer las inconsistencias en la carpeta de investigación, incluso aseguraron que las entrevistas de los uniformados adscritos a la SSP eran un “copy paste”.

Uno a uno, los defensores de los funcionarios públicos enunciaron de forma textual las contradicciones e incoherencias del texto, donde además se apreciaba la duplicidad de identidades y una mecánica del momento, tiempo y lugar que hacía inverosímil la acusación de la Fiscalía.

Policías golpeados se contradicen

Una de las evidencias más contundentes fue cuando los abogados defensores exhibieron que los cuatro policías estatales víctimas de la emboscada la madrugada del 1 de septiembre se contradecían al momento de aclarar quién era el que se había escapado para ir a pedir ayuda tras la agresión de los polis de Amozoc.

Mientras que el uniformado José Israel aseguraba que junto con Alba Guadalupe habría pedido ayuda tras lograr zafarse de las ataduras que les impusieron los policías de Amozoc, su compañero Othoniel declaró que había sido él junto con Crescencio los que pidieron auxilio y contactaron con el destacamento que había salido a buscarlos.

Asimismo, la Fiscalía expuso que Crescencio había sido gravemente herido tras ser golpeado en la cabeza, no obstante, no mostró ningún certificado médico que lo avalara, además que algunos de los policías que declararon como testigos de la detención expusieron que las cuatro víctimas podían desplazarse por su propia cuenta y no presentaban lesiones de consideración.

Convencen a juez y salen por la puerta grande

Pese a que no presentaron ninguna prueba de descargo, el juez de control Lucio León Mata se vio atado de manos para poder avalar las irregularidades expuestas por el Ministerio Público, por lo que después de 4 horas 35 minutos de audiencia pública con la presencia de los familiares de los acusados, se concluyó dejarlos en libertad.

El proceso que fue considerado como “histórico” por parte de la defensa legal, asegurando que los acusados eran vistos como un trofeo por las autoridades, concluyó con el fallo a su favor para no vincularlos a proceso, el cual derivó en que fuera ordenada su libertad inmediata bajo reservas de ley.

Fiscalía apelará la decisión

A través de un comunicado enviado horas después de conocer el fallo del juez León Mata, la FGE anunció que apelará el fallo en las salas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) “a fin de que se evalúen las razones que fueron consideradas por el Juez”, dado que aseguraron que las acusaciones estaban correctamente fundadas.

Aunque los ocho policías fueron liberados, este derecho se dio con reservas de ley lo que implica que no deberán de abandonar la entidad y permanecer localizables para las autoridades, ahora que se espera un segundo round contra la mafia de chupaductos en la región.