El fiscal General del Estado, Víctor Carrancá Bourget anunció que iniciará una nueva cacería en contra de más elementos de seguridad en Amozoc y otros funcionarios que puedan estar vinculados con el robo de combustible y las células delictivas de la región, esto a fin de formular un nuevo proceso en contra de los ocho uniformados que fueron liberados tras no poder comprobarse dicho vinculo.
Esta nueva acusación podría estar vinculada con apoyo de las autoridades federales pues se pretende demostrar que estos elementos de seguridad pública participan activamente en el robo de combustible; delito que se persigue por la Procuraduría General de la República (PGR) y que está fuera de la jurisdicción de la Fiscalía.
“Los delitos por los que fueron detenidos no eran por robo de combustible, había una investigación –por ese delito– por parte de seguridad pública, sin embargo fueron detenidos por privación ilegal de la libertad, por lesiones y por delitos del orden del común”, señaló el fiscal en entrevista al término de la ceremonia del CLXIX Aniversario de la gesta de los Niños Héroes de Chapultepec.
Precisó que tal y como fue dado a conocer en un boletín el pasado primero de septiembre cuando se dio la detención de los ocho policías, no se ha descartado la versión de que existen funcionarios del gobierno municipal de Amozoc implicados en la red de protección a chupaductos, no obstante, la investigación aún no se ha terminado de integrar.
Ratifica apelación por liberación de polis
Sobre las inconsistencias que permitieron liberar a los policías y que en audiencia pública se demostró los errores con los que se integró la carpeta de investigación, el fiscal reiteró que apelarán la decisión del juez Lucio León Mata defendiendo así el trabajo del ministerio público y rechazando que este yerro haya sido ocasionado por la falta de capacitación.
“Somos respetuosos, sin embargo, no estamos de acuerdo –con el fallo– por tal motivo interpusimos el recurso de apelación y en tanto no se haya desahogado ese recurso no podremos decir si esa resolución está correcta o no (…) al final lo que resuelve el juez es que no le da credibilidad a las declaraciones de los policías”, dijo el fiscal.
Detalló que hasta no ser resuelto el recurso de apelación en los tribunales estatales, no se tomaran medidas de sanción en contra del ministerio público que haya integrado la carpeta de investigación a la que el juez y los abogados de los policías, detectaron fallas evidentes tanto de forma como de fondo, así como contradicciones e incoherencias en las declaraciones.