Sunday, 21 de July de 2024

Miércoles, 26 Octubre 2016 03:30

Diputados dan luz verde al Sistema Estatal Anticorrupción

Las bancadas de todos los partidos en el Congreso Local aprobaron la propuesta de Rafael Moreno Valle. Tras avalar la iniciativa sin cambios, el priista Sergio Céspedes se quejó al justificar que no están de acuerdo con los mecanismos que señala el artículo 133 del nuevo sistema.

  • Luis García / @luis_ggarnica


A pesar de criticar “vacíos legales” y solicitar que sea el Congreso del Estado el que nombre al fiscal anticorrupción y no Víctor Carrancá Bourget, la fracción del PRI en el Congreso local junto con las demás bancadas aprobaron la creación del Sistema Estatal Anticorrupción propuesto por el gobernador Rafael Moreno Valle hace dos semanas.


Después de avalar la propuesta morenovallista sin cambios, el priista Sergio Salomón Céspedes se quejó al justificar que no están de acuerdo con diversos mecanismos que señala el artículo 133 del nuevo sistema.


“Apuntan a un tema discrecional como poder generar la revisión de cuentas públicas en los tiempos que no establezca la ley; no hay una regla clara, se puede prestar a un tema de confusión o manejo de criterios”, dijo en entrevista al término de la sesión ordinaria.


A pesar de esto, aseguró que su partido respaldará cualquier iniciativa que abone en el combate a la corrupción.


Será Gali quien designe a magistrados hasta por 15 años


Céspedes Peregrina precisó que con la iniciativa presentada por Moreno Valle, se prevé la posibilidad de que sea el gobernador Antonio Gali Fayad quien proponga la terna de magistrados que presidirán el Tribunal de Justicia Administrativa por un periodo de hasta 15 años.


En la sesión, la única legisladora que votó en contra fue la perredista Socorro Quezada, quien justificó que se trata de una reforma para blindar al mandatario estatal, mientras que Julián Peña de Movimiento Ciudadano se abstuvo de votar.


Entre otros puntos, el nuevo sistema contempla un Comité Coordinador integrado por los titulares de la Auditoría Superior del Estado; de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción; del contralor del estado; del presidente del Tribunal de Justicia Administrativa; del presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP); así como por un representante del Consejo de la Judicatura del Estado y otro del Comité de Participación Ciudadana.