Pese a las alertas de organismos internacionales como la ONU, la CIDH, Amnistía Internacional, además de expertos la CNDH y ciudadanos, el pleno del Senado aprobó el dictamen de la Ley de Seguridad Interior tal y como lo envió la Cámara de Diputados.

El miércoles, después de más de cinco horas de discusión, los senadores del PRI, PVEM y algunos del PAN aprobaron el dictamen en comisiones y acordaron que la discusión de las modificaciones a nueve artículos se haría en el pleno este jueves.

En tanto, en una carta en respuesta al alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) Zeid Ra’ad Al Hussein, el gobierno mexicano rechazó que la ley busque militarizar al país.

“Su principal objetivo es dotar de un marco jurídico apropiado a las autoridades federales, estatales y municipales, cuando una amenaza grave a la seguridad interior, como las operaciones violentas del crimen organizado, ha hecho indispensable recurrir al apoyo de las Fuerzas Armadas”, indicó la carta firmada por el subsecretario de la Cancillería, Miguel Ruiz Cabañas; el subsecretario de la Segob, Roberto Campa y la subprocuradora Sara Irene Herrerías, de acuerdo con el diario Reforma.

En un comunicado el gobierno de Peña Nieto señaló que “considera importante que el Poder Legislativo dote de un marco jurídico a la actuación de las distintas fuerzas del orden, incluyendo las Fuerzas Armadas, y fortalezca las respuestas para garantizar a la ciudadanía la seguridad que demanda, especialmente ante los efectos negativos que plantea la delincuencia organizada en algunos lugares”.

Y agregó: “el proyecto de ley, además de dejar clara la importancia del respeto a los derechos humanos, facilitará las respuestas a nivel local y federal, asegurando que el papel de las Fuerzas Armadas sea acotado a aquellas situaciones en las que sea absolutamente indispensable, a través de procedimientos claros que se prevén en el proyecto de ley.

El gobierno de la República destaca su pleno y firme apoyo a dicho proyecto de ley, al tiempo que reconoce el papel de las Fuerzas Armadas en la protección a la población en distintas zonas, sin cuya presencia su seguridad se vería seriamente afectada”.

La Ley de Seguridad Interior regula la participación de las Fuerzas Armadas en estados y municipios cuando sean rebasados por el crimen organizado, mediante protocolos y mecanismos de temporalidad y gradualidad en el uso de la fuerza, sin embargo organizaciones civiles e internacionales advierten que estos cambios son “cosméticos” y no modifican el fondo de esta ley.

Organizaciones internacionales, entre ellas la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertaron que la Ley contiene preceptos contrarios a estándares en materia de derechos humanos, y no aportaría soluciones reales al problema de seguridad del país.

Integrantes del colectivo #SeguridadSinGuerra y activistas señalan que aprobar legislación en materia de ‘Seguridad Interior’ perpetuaría la militarización de la seguridad pública y la violencia.

Tras la aprobación del dictamen de ley en comisiones, la organización Amnistía Internacional respondió que es “inaudita la forma en la que las Comisiones dictaminadoras del Senado han pasado por alto todas las observaciones y advertencias de sociedad civil organizada, la academia y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos”, sobre el proyecto que regula la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, pues consideraron que los cambios realizados  no resuelven de fondo la falta de controles civiles, transparencia y rendición de cuentas.