Faltan 354 días para las elecciones federales del tres de junio de 2018. Ese día los mexicanos elegiremos Presidente de la República, 128 senadores y 500 diputados, además que habrá elecciones locales en 30 entidades.
Será, sin duda, una prueba más para los ciudadanos y las Instituciones que los mexicanos nos hemos dado en materia electoral.
Hoy conviene reflexionar sobre las Instituciones que dan certeza y legalidad a los procesos electorales.
Desde 1964, cuando iniciaron las reformas electorales y se abrió, por primera vez, la presencia de diputados de un partido distinto al del Presidente, nuestro sistema político se ha fortalecido y, con ello, nuestra democracia.
Así, en más de 40 años de reformas electorales nos hemos convertido en un país en donde son los ciudadanos los que organizan, vigilan y califican los comicios.
Y son también los ciudadanos los que, con sus votos, eligen a sus autoridades y representantes populares.
Nuestras instituciones han demostrado a lo largo de los años que su construcción fue acertada, que el camino que decidió recorrerse fue el correcto.
Un fugaz recuento de las reformas electorales nos señala que, luego de 1964, en 1977 se planteó el reconocimiento de nuevas fuerzas políticas con la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE) que ofreció a los partidos de oposición nuevas oportunidades de participación, introdujo por primera vez el concepto de representación proporcional al Poder Legislativo, aumentó el número de diputados a 400.
En 1986, la reforma electoral incluyó cambios a seis artículos de la Constitución y una nueva ley electoral, el Código Federal Electoral (CFE), luego, en 1990 se crea el Instituto Federal Electoral (IFE) que reemplazó a la Comisión Federal Electoral, directamente dependiente del Secretario de Gobernación.
La reforma de 1993 estableció también, por primera vez, límites en los gastos de campaña; en 1996 se termina con la participación y control gubernamental en el proceso de organización de las elecciones federales.
En otra vía, en 1987 se creó el Tribunal de lo Contencioso Electoral (TRICOEL) y en 1990 cambió su nombre por el de Tribunal Federal Electoral (TRIFE).
A partir de 1996, con la modificación de la Constitución, se creó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que tiene cinco Salas Regionales que, con la reforma de 2007, se estableció que funcionarían de manera permanente, al igual que sus atribuciones, en lugar de hacerlo de forma temporal, como ocurría desde 1991, con facultades que solamente duraban en los procesos electorales federales.
Esta apretada revisión de las reformas electorales confirma que la construcción de las Instituciones costó años, esfuerzos y talento.
Hoy, esas Instituciones electorales nos otorgan certeza y legalidad, y todos debemos acatar sus resoluciones y, así, fortalecerlas.
Atacarlas, denostarlas, debilitarlas, es atentar contra la democracia que hemos construido. Una democracia que, sin duda, es perfectible, pero que nos ha permitido tener alternancia y, sobre todo, a los ciudadanos tener el poder en sus votos para premiar o castigar.
Estamos por el camino correcto, y las Instituciones también.